El BNG de Salvaterra ha presentado denuncia en el juzgado por la posible comisión de los delitos de prevaricación y malversación por parte del gobierno municipal, por usar fondos finalistas de la Plataforma Logística de Salvaterra-As Neves (PLISAN) para «tapar el agujero» económico del Ayuntamiento originado por la «nefasta» gestión del gobierno de Marta Valcárcel (PP).

Según ha trasladado la formación nacionalista en un comunicado, la alcaldesa utilizó fondos finalistas de la PLISAN para tapar ese «agujero» en las arcas municipales «en contra del criterio del interventor».

Por ello, ha solicitado al tribunal de instancia de Ponteareas que investigue si las decisiones del gobierno local pueden ser constitutivas del delito de prevaricación o de malversación de fondos públicos.

Así, la portavoz del BNG, Patricia Mariño, ha denunciado que el gobierno recurrió a fondos procedentes de la monetarización de los aprovechamientos urbanísticos de la plataforma industrial para «intentar maquillar» la mala situación financiera del Ayuntamiento.

Según se recoge en la denuncia, el Ayuntamiento acumuló una deuda superior a los 5 millones de euros, con retrasos de más de 4 meses en el pago a proveedores y arrastraba importantes obligaciones con la empresa de suministro eléctrico.

«Lejos de afrontar los problemas estructurales de la Hacienda municipal, el gobierno del PP optó por utilizar una inyección extraordinaria de fondos de la PLISAN para aliviar de forma puntual la tesorería», ha señalado Mariño.

La portavoz del BNG ha explicado que los casi 1,9 millones recibidos por el aprovechamiento urbanístico de la PLISAN tienen, según la normativa, un destino finalista, vinculado «al patrimonio público del suelo y al desarrollo de inversiones de interés general».

Los nacionalistas han denunciado que el gobierno local usó esos fondos para hacer frente a obligaciones derivadas de la deficiente situación económica creada por ellos mismos.

Además, han destacado que los informes de Intervención Municipal advirtieron expresamente de la imposibilidad legal de destinar esos fondos al pago de deuda en los términos propuestos por el PP. Pese a ello, el gobierno de Marta Valcárcel «continuó adelante con la operación».

El BNG ha alertado de que esta situación es el reflejo de una «forma continua de gobernar, basada en la ausencia de rigor económico y en la utilización de los recuros públicos para resolver problemas generados por la propia nefasta gestión del PP». «Lo que no puede hacer un gobierno es utilizar dinero destinado al futuro de Salvaterra para tapar el agujero provocado por su incapacidad», han insistido los nacionalistas.