La Xunta de Galicia ha formalizado la presentación de dos documentos de alegaciones ante la Secretaría General de Pesca en los que solicita la retirada «inmediata» del borrador de resolución estatal que pretende el uso obligatorio de dispositivos acústicos de disuasión (‘pingers’) para evitar capturas de marsopas.

Según la Consellería do Mar, el personal científico embarcado ha monitorizado directamente, desde 1999, más de 17.512 lances de artes de enmalle fijos sin que «se haya contabilizado ni un solo caso de captura accidental de marsopa común (‘Phocoena phocoena’) en 27 años». «Los únicos dos eventos aislados registrados en ese período correspondieron a ejemplares de delfín mular», ha concretado.

La medida que trata de implantar el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación afectaría a los buques de artes menores que trabajan con enmalle y a la flota que faena con el arte de volanta en el caladero Cantábrico y Noroeste. En este sentido, el Gobierno gallego sostiene que ambas propuestas «carecen de una motivación técnica mínimamente sólida» e «ignoran los datos reales del impacto de estas actividades».

El informe técnico remitido por la Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica se apoya en los registros históricos obtenidos por el propio sistema de observación a bordo de la Administración autonómica (operativo desde 1999), con los que asegura «desmontar» los argumentos del Gobierno. El departamento aduce, en base a estos datos, que no ha habido ninguna captura de este animal en este tiempo.

En su comunicado, la Consellería ha calificado de «inadmisible» que el Ministerio se base en una supuesta ‘área crítica’ de 789.953 hectáreas –desde la línea de costa hasta los 200 metros de profundidad entre el río Miño y el Cabo Prior– «sin aportar ninguna representación cartográfica, ninguna justificación técnica ni el preceptivo instrumento jurídico de aprobación».

Además, le ha acusado de «incumplir» los plazos legales para aprobar el Plan de Recuperación de la marsopa en España, que –según la Xunta– caducó a finales de 2023, y de «limitar de manera deliberada» la capacidad de participación y audiencia del sector y de las comunidades autónomas en las dos normativas.

Por todo esto, el Ejecutivo gallego exige la retirada de ambos textos y diseñar cualquier estrategia futura sobre proyectos piloto reales que analicen previamente el rendimiento pesquero y la protección ambiental «con rigor científico y no a golpe de imposiciones».