La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha enviado una carta a la Xunta de Galicia en la que pide que lleve a cabo la «inspección, sanción y clausura» de las más de 4.450 viviendas turísticas que detectó en el último año el registro único estatal, que el Tribunal Supremo ha tumbado este mes.

«Es incoherente e incomprensible tener un discurso de que es necesario construir más vivienda para aumentar la oferta y reducir los precios, asunto que comparto, y a la vez permitir que 4.400 viviendas se encuentren en situación de fraude e ilegalidad a través de los alquileres de corta duración», valora.

La misiva fue enviada directamente el miércoles a la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, como ha hecho con otros responsables autonómicos. Rodríguez manifiesta que «acata» la sentencia del Supremo, que «confirma» la «competencia exclusiva» de las Comunidades Autónomas en los registros de alojamientos turísticos y de temporada, y, por ello, pide al Gobierno gallego que ejerza la vigilancia que le corresponde.

En su texto, la ministra considera que la labor de la Xunta en esta materia de su competencia «es insuficiente, cuando no inexistente» en base a «lo demostrado por la vía de los hechos» con los datos recopilados por el registro estatal desde que entró en funcionamiento el 1 de julio de 2025.

Por ejemplo, le «sorprende» que, en ciudades como en Santiago –«con un régimen de licencias bastante restrictivo», apunta–, existan «un número de solicitudes muy por encima de las licencias municipales concedidas».

Piensa que esto demuestra «con claridad» que una declaración responsable como único requisito para inscribir un piso turístico es «manifiestamente insuficiente», «especialmente cuando va acompañada de una verdadera revisión y exclusión de los registros autonómicos de aquellas viviendas que no cumplan la ley».

«VAMOS A ESTAR MUY VIGILANTES»

«Vamos a estar muy vigilantes», avisa la ministra. En la clausura de su carta, advierte a la Xunta que el Gobierno velará por que se llevan a cabo las «acciones oportunas» para evitar que se siga produciendo este fraude y garantizar que no se vulnere el derecho a la vivienda.

«Cuando los derechos de la ciudadanía están en juego, no se puede eludir nuestra responsabilidad, hay que trabajar para garantizarlos. Esta es la oportunidad. Confío en que tomen el camino correcto», concluye.