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El BNG denuncia una «campaña de criminalización» de la Xunta contra los trabajadores de baja y contra los sanitarios

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La diputada del BNG Montse Prado ha vuelto a cargar contra el plan de la Xunta para combatir el absentismo laboral y ha denunciado la «campaña de criminalización» contra las personas que están de baja y contra los profesionales sanitarios que prescriben esas incapacidades.

Además, Prado ha afeado esta «campaña» cuando Galicia es, según ha asegurado, la segunda comunidad autónoma con menor incidencia de bajas laborales, 26,6 por cada mil trabajadores, frente a la media estatal de 36,2.

La diputada nacionalista ha advertido especialmente de la inclusión en los Acuerdos de Gestión de la Atención Primaria de un indicador para evitar que las bajas laborales excedan de la «duración estándar» y que formaría parte de la baremación para el plus de productividad que reciben médicos de familia al conseguir dichos objetivos.

«Tanto el inicio de una incapacidad temporal como su finalización tienen que ser decisiones estrictamente clínicas, fundamentadas en criterios médicos y en las necesidades asistenciales de cada enfermo», ha subrayado.

En este sentido, Prado ha recordado que en la duración de una baja influyen «múltiples factores», como las características y patología de la persona enferma, su edad, los antecedentes médicos, las condiciones de su puesto de trabajo, entre otros.

Pero también se ha referido «al deterioro de la sanidad pública, la falta de recursos, las listas de espera insoportables, la saturación de la Primaria y Hospitalaria, y las malas condiciones laborales del personal sanitario».

Así, el BNG ha rechazado «tajantemente» que la duración de una baja laboral pueda tener «efectos retributivos» para los profesionales y por ello la formación nacionalista ha exigido en una nota de prensa el final de esta «campaña de criminalización».

La formación nacionalista también ha demandado al Gobierno gallego tres medidas urgentes: «eliminar de manera inmediata de los acuerdos de gestión el indicador que penaliza a los médicos», garantizar el criterio clínico frente al económico y «reforzar la sanidad con más profesionales, más recursos y que reduzca las listas de espera».

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