Evitar que las bajas laborales excedan de la «duración estándar» es, por primera vez, uno de los objetivos recogidos en los Acordos de Xestión del Sergas y, por tanto, forma parte de la baremación para el plus de productividad que reciben los médicos de familia al conseguir dichos objetivos.

Estos acuerdos son herramientas de planificación anuales que la Consellería de Sanidade utiliza para establecer objetivos asistenciales, preventivos y de gestión en las distintas áreas.

Entre los 53 incluidos están, por ejemplo, el impulso de los programas de cribado, la investigación, la prescripción mínima de medicamentos genéricos, la atención a la salud mental y el fomento de la participación en campañas de vacunación.

Fuentes consultadas por Europa Press detallan que, a cada cierre de año, se hace una evaluación de los objetivos -cada uno con un peso determinado en la baremación- para el abono del complemento de productividad a los médicos de familia.

Este año el plus para los médicos de atención primaria se sitúa en los 2.491 euros, de los que una parte se abona nómina a nómina, y otra se paga en base a los objetivos alcanzados.

Por primera vez, entre esos objetivos a recompensar está el control de la duración de los procesos de incapacidad temporal con un peso que, aunque varía según las áreas sanitarias, se mueve en torno al 10%.

Cada proceso lleva aparejado un tiempo ‘estándar’ de baja -marcado por la Seguridad Social-. Que el paciente exceda ese margen ‘estándar’ es lo que se pretende evitar.

SERGAS: «NO SE FOMENTA QUE UNA PERSONA DE BAJA VAYA A TRABAJAR»

Por su parte, fuentes de la Consellería de Sanidade remarcan que el indicador que ahora se incluye está recogido en el convenio entre el Gobierno central (Instituto Nacional de Seguridad Social) y Galicia para el control de las bajas en el periodo 2025/28, publicado en el BOE. Apuntan además que este indicador lo utilizan también otras comunidades autónomas como Castilla-León.

Matizan también que los objetivos de gestión no se dirigen «específicamente» a los facultativos, sino que van dirigidos a los equipos directivos de las áreas sanitarias, «que son los que deben gestionar correctamente los medios para garantizar que la duración media de los procesos de incapacidad temporal no se desvíe con respecto a la duración estándar y no se prolonguen más allá de lo necesario pues cuestiones ajenas a la propia situación clínica del paciente».

Apunta el departamento sanitario que, dado que están «convencidos» de que los médicos de familia «ya hacen todo lo que está en su mano» para que las bajas no se extiendan más allá de lo ncesario, este objetivo de gestión «solo viene a reforzar algo que, en la inmensa mayoría de los casos, ya se cumple».

«En ningún caso se fomenta ni se aconseja que una persona que reúna las condiciones clínicas para estar de baja laboral vaya a trabajar», recalcan.

VINCULACIÓN «PELIAGUDA»

Sin embargo, facultativos consultados por Europa Press se muestran preocupados por la percepción de esta medida en la población general y apuntan hacia lo «peliagudo» de incluirla en la ponderación de una prima económica.

Primero, por lo subjetivo de la misma -la evolución de cada paciente puede ser diferente- y, segundo, por la limitación de la mano del facultativo -por ejemplo, si se necesitan pruebas complementarias-. Hay procesos, apuntan, que se escapan de su control.

La CIG también se ha pronunciado y ha exigido la retirada de este indicador de los acuerdos, denunciando además lo que tachan de «campaña de criminalización» contra las personas de baja.

«Tanto la indicación del inicio de la IT como su alta son decisiones profesionales que tienen que estar soportadas en criterios clínicos y en las necesidades asistenciales de los pacientes. Su duración no depende del profesional que indica la baja. Depende, entre otras cosas, de las características del paciente, de su patología y de la eficiencia del sistema sanitario (por ejemplo, las listas de espera)», afirman.

Afean también que la indicación del alta pueda tener «efectos retributivos». «Esto rompe la confianza en la relación entre pacientes y profesionales y atenta contra unos mínimos criterios éticos», censuran.