El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado de la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, se ha reunido con la presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, para abordar las aportaciones del organismo provincial al anteproyecto de la Ley de Administración Local de Galicia.

La Xunta se había comprometido a mantener este encuentro durante la reunión celebrada a finales de marzo entre la presidenta de la Diputación y el titular de la Xunta, Alfonso Rueda.

El Gobierno gallego ha destacado que esta nueva reunión se enmarca en el proceso de «escucha y diálogo», y de colaboración institucional, abierto para «seguir enriqueciendo el texto con las aportaciones constructivas que se realicen». El conselleiro ha puesto en valor y agradecido «el buen clima y carácter constructivo» del encuentro.

Aunque se han topado con críticas duras del presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), la Xunta defiende que el anteproyecto de la nueva ley es «fruto de un proceso participativo que recoge la mayoría de las demandas trasladadas por el municipalismo».

En todo caso, ha insistido en que, durante el actual proceso de tramitación, se pretende «escuchar todas las aportaciones para alcanzar el máximo consenso posible». De hecho, ha concluido que se están evaluando las alegaciones recibidas con el objetivo de «integrar en el texto todas aquellas que tengan espíritu constructivo».

En cuanto al papel de las diputaciones que se recoge en el texto, resalta que los entes provinciales son «una pieza fundamental del mapa local» y que lo que pretende el texto es «unificar la forma de prestar sus competencias en todo el territorio, así como concretar sus funciones».

LÓPEZ: LA XUNTA SE ABRE A «REFORMULAR» OBLIGACIONES

Por su parte, Carmela López ha reivindicado el «logro» de que la Xunta «se abra a reformular las obligaciones» de los ayuntamientos y de las diputaciones que recoge el anteproyecto legal.

«Hoy desde la Xunta se abrieron a escuchar las sensibilidades y particularidades que tenemos, ya que no todas las diputaciones somos igual. Queremos una ley que podamos cumplir», ha esgrimido.

Del mismo modo, ha advertido que es necesario matizar la postura en relación a los recursos. «Si vamos a tener más competencias, debemos saber cuáles son y cuánto dinero nos van a transferir para poder cumplirlas», ha advertido.

Entre otras cuestiones, la Diputación de Lugo sostiene que logró que la Xunta «elimine el artículo 95, referido a la autoorganización de las diputaciones, que otorgaba a la Administración autonómica una competencia de coordinación en servicios sociales sin definir ni limitar su alcance».

Igualmente, ha señalado que, en relación con la financiación local, la Xunta «aceptó estudiar la propuesta» de la institución provincial en relación a establecer «un porcentaje mínimo garantizado» sobre el presupuesto autonómico para el Fondo de Cooperación Local, con el objetivo de dotar de mayor estabilidad y previsión a los recursos de los ayuntamientos.