El presidente de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en 2012, José Miguel Martínez, ha asegurado que el lotero de A Coruña acusado de apropiarse de una primitiva millonaria ese año — premiada con un total de 4,7 millones de euros — la podía haber cobrado sin haber entregado previamente el boleto a Loterías, como se hizo.

Ha sido en línea con lo expuesto por otro representante de la SELAE en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña contra el lotero, Manuel Reija, acusado de estafa o, alternativamente, de apropiación indebida, y de su hermano, Miguel Reija, exdelegado provincial de la SELAE en la provincia coruñesa.

De este último, la exresponsable de la administración de loterías donde se selló el boleto premiado ha asegurado que le dijo que lo había encontrado una persona «muy legal», aunque sin referirse específicamente a su hermano.

«Yo le dije que me gustaría saber quién era y que me lo presentase y que ese señor tenía merecido el cielo», ha expuesto en alusión a la entrega del boleto en Loterías del Estado, que inició un procedimiento de hallazgo, confirmó otro testigo, con responsabilidad entonces en la SELAE. Esto se hizo tras un período previo de tres meses de cara a las posibles reclamaciones.

FUNCIONAMIENTO EN LOS PREMIOS

En una sesión en la que estaba previsto que declarasen diez testigos y con necesidad de posponer a otras jornadas testimonios al prolongarse el de los que han declarado en esta jornada, se ha incidido en cuestiones vinculadas al funcionamiento en los casos en que un boleto resulta premiado.

Así, un exalto cargo de la SELAE ha confirmado que el lotero pidió, una vez que entregó el boleto premiado, cobrar el premio, pero que se le denegó y se fue un procedimiento de hallazgo. Esto, ha precisado, tras descartar que otra persona — cuya familia ejerce la acusación particular — y que lo reclamó pudiese ser la titular, en base a pruebas practicadas por la Policía.

Y es que en este juicio son dos familias de sendos fallecidos los que ejercen la acusación particular, cada parte con sus abogados. Por un lado, está la del hombre al que la investigación policial descartó como posible dueño y por otra parte la viuda y la hija de otra persona al que los policías sí consideraron el verdadero propietario.

«En la SELAE la regla es que el tenedor es el legítimo propietario», ha dicho el presidente de la misma en 2012 para asegurar que no tienen en Loterías del Estado obligación de averiguar quién es el legítimo propietario. Otro exalto cargo de la misma ha precisado, además, que no hubo sospechas de una «sustracción».

LOTEROS DE LA ADMINISTRACIÓN DONDE SE SELLÓ

Y es que las acusaciones sostienen que el lotero se quedó con el boleto cuando comprobó que estaba premiado y haciendo creer al propietario que no lo estaba. De su hermano, consideran que actuó como encubridor. De este, los dueños de la administración de lotería donde se selló han indicado que trasladó, cuando alguna persona acudió a preguntar si se había cobrado, que ya se había hecho este paso.

Tanto la exresponsable de la misma como su marido se han ratificado en lo expuesto en su día en el juzgado, en concreto que dijo que no les llamara por este tema porque «el premio estaba cobrado». Con posterioridad, explicaron, les señaló que cualquier reclamación la derivaran a él. Ya más tarde se enteraron de que no había sido cobrado.

DELITOS

En concreto, el lotero, Manuel Reija, está acusado de quedarse con un boleto premiado con 4,7 millones de euros de un cliente, y su hermano, Miguel Reija, de colaborar para que eso fuese posible, según la acusación.

La Fiscalía solicita para el primero seis años de cárcel por un delito de estafa o, alternativamente, por apropiación indebida. Para su hermano pide la misma pena de prisión por blanqueo de capitales o por encubrimiento.

El lotero y su hermano, que en 2012 –año de los hechos — era delegado de Loterías, son los únicos a los que se juzga después de que la Audiencia Provincial de A Coruña desestimase en su día sus recursos y sí admitiese el formulado por la Abogacía del Estado y acordase el sobreseimiento provisional de la causa respecto a otros cuatro investigados, altos cargos de Loterías del Estado.

El caso tiene su origen en uno de los episodios más recordados sobre el cobro de premios de Lotería: el de un boleto agraciado con 4,7 millones de euros que el lotero dijo haberse encontrado y que, durante años, tuvo una propiedad discutida.

Varias personas se postularon como posibles dueños de este premio, mientras que el lotero argumentaba que no había aparecido el propietario y, por tanto, tenía derecho a cobrar el montante. Al año siguiente de sellarse, el Ayuntamiento de A Coruña inició un «expediente de hallazgo» para buscar al ganador del billete premiado, que el lotero dijo haber encontrado en su administración de la Plaza de San Agustín.

Con posterioridad, se inició la investigación policial. En ella, se cuestionó la versión facilitada por el hombre sobre el hallazgo casual del billete, llegando a considerarse que él mismo le había el premio al verdadero dueño cuando este había acudido a comprobar el boleto. La investigación señaló a un presunto legítimo propietario, ya fallecido, y cuyos herederos ahora reclaman el premio.

RELATO DE LA FISCALÍA

La Fiscalía relata que el hombre ya fallecido, al que se considera el propietario, acudió en julio de 2012 al establecimiento del lotero para comprobar si los boletos que tenían estaban premiados.

Sin embargo, sostiene el Ministerio Público, el acusado «conocedor del alto importe del premio, se lo quedó para así, junto con los demás boletos, y no comunicó al apostante dicho extremo ni tampoco le devolvió el resguardo ni el comprobante expedido por el terminal».

«Con el boleto en su poder y completamente seguro del alto valor que tenía, ese mismo día acudió a la delegación provincial de Loterías y Apuestas del Estado de A Coruña», en la que estaba al frente su hermano «con la finalidad de acelerar los trámites del cobro del resguardo, prescindiendo de cualquier procedimiento reglado y como si fuese legítimo poseedor».

«Siendo plenamente consciente de la ilegitimidad de la posesión de este título por parte de su hermano», asegura que este «se dispuso a allanar el camino» con actos tendentes «a disfrazar el verdadero origen del boleto» a los efectos de que se pudiese «hacer efectivo el premio». También señala que «omitió toda actuación, como delegado provincial, que pudiese servir para verificar el origen real del boleto».