El Ministerio para la Transición Ecológica ha comunicado en la tarde de este miércoles a la Xunta que amplía hasta el 15 de abril –el plazo original terminaba el 1 de abril– el plazo de alegaciones de las comunidades a la reforma del Reglamento General de Costas.
De ello informa la Xunta en un comunicado, después de que la semana pasada la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, remitiese una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, con esta petición.
Precisamente, en declaraciones a los medios esta tarde de miércoles con motivo de un encuentro con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), la conselleira ha insistido en esta solicitud para que «se paralicen los plazos» ante la «deriva que puede dar» este reglamento. Posteriormente, el Gobierno gallego ha informado a través de un comunicado que el Ministerio ha accedido a aumentar finalmente este plazo de aportaciones.
Para la Consellería de Medio Ambiente, esta ampliación significa que el Gobierno «asume la falta de información y los defectos de forma denunciados por Galicia», además de que enviar la memoria de análisis de impacto normativo que «aún no se había hecho pública supone una respuesta a las reclamaciones de Galicia y del resto de comunidades litorales».
Agrega que esta «rectificación» se produce después de que la Xunta «pusiese en evidencia que la propuesta estatal no se ajustaba a derecho».
Vázquez pide que el expediente abierto por Bruselas a España «no sea la excusa» para la reforma. «En Bruselas tienen que saber que no es lo mismo una playa italiana a la que se da una concesión a una persona y se enriquece porque para ir a la playa tienes que pasar» con el caso gallego, dice, en donde «la playa se puede utilizar» y solo afectaría para «pasar las tuberías que tiene que utilizar una conservera», pone de ejemplo.
Sobre que Europa considere que España no cumple con la directiva europea de servicios por concesiones de hasta 75 años, Vázquez opina que «no puede formar parte de la directiva de servicios el sector primario», pues «no es igual» una batea «a un chiringuito o una gran empresa».
LA FEGAMP «LANZA EL GUANTE»
Paralelamente, la conselleira ha invitado a la Fegamp –en representación de los municipios de litoral con 1,5 millones de habitantes– a participar en el grupo de trabajo que se va a crear sobre esta materia, en donde también estará la universidad, la cadena mar-industria y la Consellería do Mar, además de Medio Ambiente.
Por su parte, el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, ha dicho ante los medios que la entidad municipalista «participa activamente» siempre que le llaman, por lo que va a estar «con ánimo constructivo».
Asegura que entiende «perfectamente esa especificidad de la costa gallega», por lo que también tiene previsto una reunión próximamente con el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, por este tema.
Finalmente, Varela ha aprovechado para «lanzar un guante» a la Xunta, pues se muestra «muy a favor de tener todo el tiempo del mundo para hacer alegaciones y trámites», tal y como reclama en relación con la ley de administración local de Galicia –que depende de la Consellería de Presidencia–.

