El Consello de Contas señala que, a fecha 31 de marzo de 2025, solo los ayuntamientos de A Coruña y Pontevedra cumplían con el objetivo de contar con una zona de bajas emisiones (ZBE).

El objetivo fijado era que todas las ciudades de España con más de 50.000 habitantes –o de más de 20.000 habitantes con valores límite de los contaminantes elevados– están obligadas a contar con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con la entrada de 2023. Sin embargo, un informe que acaba de publicar Contas este miércoles señala que continúan los retrasos en varias ciudades gallegas.

El estudio apuntaba que en Ourense la previsión era que entrase en vigor a final de 2025, el cual en la actualidad está vigente. También se fijaba finales de 2025 en el caso de Santiago, con un proyecto técnico elaborado. La fecha prevista para entrada en vigor en Vigo se sitúa en 2026.

Mientras, para Lugo no observa Contas entrada en vigor prevista, aunque sí se indica que está el proyecto técnico elaborado pendiente de someter a información pública. Más retrasada va la ciudad de Ferrol con base en este informe, pues es la única de las siete sin proyecto técnico y que todavía está en elaboración, también sin previsión de entrada en vigor en este texto ahora publicado.

INFORMACIÓN INCOMPLETA

Entre las observaciones de Contas se incluye que «la definición de los objetivos y la delimitación de la ZBE en los proyectos técnicos elaborados no cumplen con carácter general los requisitos establecidos en el RD 1052/2022».

Además, «los medidores de las estaciones de medición no están incluidos en la propia ZBE, con la excepción de los ayuntamientos de A Coruña, Pontevedra y Ferrol».

Asimismo, el diseño técnico empleado por los ayuntamientos recoge el contenido mínimo establecido en los ayuntamientos de Lugo y Vigo. «En el resto de ayuntamientos no está completo», advierte.

De hecho, concluye que los Ayuntamientos de Lugo y Santiago de Compostela «deben tener en cuenta las deficiencias ya detectadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la puesta en marcha de gran parte de las ZBE en España, entre las que figura la delimitación de zonas con un ámbito territorial insuficiente o coincidente con áreas ya restringidas, siendo solo un cumplimiento meramente formal, sin ninguna voluntad de cambio efectivo».

En el caso de los dos ayuntamientos con zonas de bajas emisiones establecidas, informan a la DGT. Sin embargo, el Ayuntamiento de Pontevedra «no cumple el plazo establecido en el artículo 10 del RD 1052/2022», mientras que en el Ayuntamiento de A Coruña «no pudo verificarse». También informan al Ministerio para la Transición Ecológica, y el Ayuntamiento de Pontevedra acredita la información a la autoridad autonómica competente.

«Los ayuntamientos de A Coruña y Pontevedra no establecen un procedimiento para realizar el seguimiento y revisión del cumplimento de los objetivos establecidos en la ZBE. Además, el Ayuntamiento da Coruña tampoco define objetivos cuantificables», agrega.