Este lunes ha dado comienzo en la sección quinta de la Audiencia Provincia de Pontevedra, con sede en Vigo, la primera de las cinco jornadas consecutivas del juicio contra los cinco acusados de organizar el transporte de casi 3.000 kilos de cocaína a bordo del pesquero ‘Simione’, que fue interceptado por la Guardia Civil en diciembre de 2022 cuando se dirigía a las costas gallegas.

Durante la vista, la persona que dirigía el barco en el momento de los hechos, José Antonio C.R., se ha desdicho de su declaración en sede judicial, durante la cual apuntó contra el armador del buque, el empresario vigués Pablo G.F., como la persona que lo había contratado para la operación.

Ahora señala hacia un tercer hombre como el responsable de la operación. «Ahora digo la verdad», ha respondido tras ser preguntado por sus contradicciones con su anterior declaración.

Él ha subrayado que por «miedo» no quiere desvelar la identidad de ese supuesto varón ya que él «tiene familia» (dejando entender que podrían hacer daño a sus familiares, aunque no lo dijo textualmente). Por ello, según ha insistido, en un primer momento aseguró que fue el armador quien lo había contratado.

Pese a esto, sí ha reconocido que durante la travesía se comunicaba diariamente con Pablo G.F., aunque ha subrayado que era por temas de «averías» que sufría el barco, que estaba «maldito» porque tuvo varios problemas en el viaje.

No obstante, tras ser preguntado sobre si, después de tener la carga, este empresario vigués le ordenó tirar un móvil y cambiarlo por otro, el capitán respondió que sí, aunque aseguró no saber el «por qué» de esta inusual petición.

Durante su declaración, ha indicado que Pablo G.F. fue el que le dio unas coordenadas escritas a mano que lo llevaban a Senegal, pero las coordenadas donde iban a recibir la droga en alta mar no se las habría entregado este empresario de Vigo, sino el supuesto otro varón y no estaban escritas a mano.

MOTÍN

Él también ha explicado que varios miembros de la tripulación armaron un motín abordo al enterarse de que se trataba de una operación de droga, llegando incluso a recibir él dos puñaladas. De esta manera, tuvieron que volver a tierra a dejarlos y quedaron en el barco solo tres personas: él, el jefe de maquinas y otro tripulante.

Precisamente tanto el armador como este último tripulante, de nacionalidad angoleña, han solicitado declarar en último lugar. Los que sí han declarado esta mañana fueron el jefe de máquinas y el quinto acusado, que no viajó pero supuestamente se dedicaba al acopio y distribución de la droga en tierra.

Esta persona indicó que no conocía al armador antes, que supo de su existencia tras ser detenido y que lo conoció en los calabozos.

El jefe de máquinas del ‘Simione’ sí ha reconocido que él «se imaginó» que el viaje se trataba de un encargo de droga al conocer la cantidad que le iban a pagar, unos 15.000 euros. También ha asegurado que el armador le indicó que le iba a dar unas coordenadas, que finalmente no se las dio porque él le dijo que no era su función, que se las diese al capitán.

Durante la vista también ha acudido a declarar, entre otros, el responsable de la instrucción policial del caso, cuya declaración fue prácticamente ininteligible para la prensa debido a los problemas de acústica de la sala.

Este fue preguntado en varias ocasiones por qué consideraron que el alijo se dirigía a la costa gallega, explicando que por los contactos que mantenían los acusados con personas relacionadas con descargas en Galicia.

HECHOS

La Fiscalía pide penas de entre 11 años y medio y 13 años de cárcel para el armador del buque, y los tres tripulantes del ‘Simione’, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, agravado por la cantidad de droga, el uso de una embarcación y por la actuación de una red delictiva internacional.

Según se recoge en el escrito de acusación pública, el armador del pesquero, Pablo G.F. organizó el transporte de ese cargamento de droga y la salida del barco, con bandera angoleña, desde Luanda, con los acusados José Antonio C.R. y el angoleño P.M.M. entre los tripulantes. El ‘Simione’ llegó a Dakar (Senegal) el 1 de diciembre, donde estaba esperando el armador.

En Dakar, Pablo G.F. coordinó con los otros dos acusados el repostaje del buque y la incorporación de otro tripulante, José Javier F.V. Poco después, el barco zarpó rumbo a un punto al suroeste de Cabo Verde, donde cargó la cocaína, para dirigirse a costas españolas.

Durante toda la travesía, el armador estuvo en contacto con José Antonio R.C., a quien iba dando indicaciones sobre el rumbo y de quien recibía información acerca del viaje y de las condiciones del barco. Además, la Fiscalía sostiene que los tres tripulantes, tanto los dos gallegos como el angoleño, eran conocedores del fin ilícito de esa travesía. Dos de ellos reconocieron ante el tribunal que sí lo sabían.

El 18 de diciembre de 2022 se produjo el abordaje por parte de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil. Durante el registro, los agentes encontraron en la cubierta principal y en la bodega un total de 115 fardos que contenían 2.949 paquetes de cocaína. En total, el ‘Simione’ transportaba 2.866,52 kilos de cocaína, con una pureza del 77,3% y un valor estimado en el mercado negro de casi 107 millones de euros.

El armador del barco fue detenido en tierra y en el registro de su domicilio de Vigo se intervinieron varios dispositivos electrónicos, discos duros, documentación relativa al ‘Simione’, teléfonos móviles y tarjetas SIM.

Por otra parte, la Fiscalía también formula acusación contra una quinta persona, A.R.E., por un delito de tráfico de drogas, ya que las investigaciones de la Guardia Civil permitieron conocer su actividad de «acopio y lucrativa distribución en el mercado ilícito de estupefacientes».

En su caso, los agentes registraron su domicilio en Ponte Caldelas y una nave en Vilagarcía. En total, se incautaron de casi un kilo de cocaína, más de un kilo de heroína, resina de hachís, varios teléfonos y tarjetas SIM, básculas de precisión, libretas con anotaciones y unos 6.280 euros en efectivo.

El ministerio público solicita para Pablo G.F. la pena de 13 años de cárcel; para José Antonio C.R. pide 11 años y 9 meses de cárcel; para José Javier F.V. y P.M.M. pide 11 años y medio de prisión; y para los cuatro, el pago de multas que suman, en cada caso, 636 millones de euros.

En el caso de A.R.E., la Fiscalía pide una condena de 8 años y medio de cárcel y el pago de una multa de 940.000 euros.