La gestión de la dependencia y las residencias públicas para mayores han vuelto este miércoles al Pleno del Parlamento, en el que los socialistas han interpelado a la conselleira de Política Social en relación al «déficit de plazas» que, aseguran, sufre Galicia en el ámbito residencial y su planificación a 10 años vista. La responsable autonómica ha respaldado las políticas de la Xunta, con una apuesta también por servicios como el SAF, ya que «la mayoría de las personas mayores en Galicia quieren pasar esa etapa en sus propios hogares».

En este sentido, Fabiola García ha asegurado que la Xunta trabaja con el objetivo de «continuar situando a Galicia como referente nacional en la atención a las personas mayores», una hoja de ruta dentro de la que, entre otras cuestiones, la Xunta impulsará hasta el año 2028 «más de 3.500 nuevas plazas en residencias».

Entre ellas están las 900 plazas de los siete centros impulsados por la Fundación Amancio Ortega, la residencia de mayores de A Coruña, que «tras más de siete meses de espera» acaba de recibir «la licencia de primera ocupación» por parte del ayuntamiento; las nuevas residencias de Ribeira y Antas de Ulla y 1.800 plazas en centros proyectados en el Plan de Residencias de la Xunta, ha dicho García.

Esto se hará en base al nuevo modelo de residencias de mayores, ha reiterado la conselleira, en el que se busca que estos centros «se parezcan cada vez más a un hogar».

EN SUS PROPIOS HOGARES

No obstante, en su intervención, Fabiola García ha subrayado que «la mayoría de las personas en Galicia quieren pasar esa etapa en sus propios hogares» y no en una residencia, por lo que la Xunta también continuará la apuesta pública por servicios como Xantar na Casa o el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), dentro del que ha puesto en valor el «acuerdo histórico» alcanzado con la Fegamp para incrementar progresivamente la financiación de la Xunta hasta los 18 euros la hora en 2028, con una inversión adicional de 150 millones.

Además, la conselleira ha aprovechado su intervención para instar una vez más al Gobierno central a que retire el recurso presentado ante el TC y que «paraliza el plan de agilización de la dependencia y de la discapacidad puesto en marcha por la Xunta», un procedimiento en el que la Xunta acaba de aprobar personarse.

LOS SOCIALISTAS APELAN AL «DÉFICIT DE PLAZAS»

En su interpelación, la diputada socialista Silvia Longueira ha preguntado a la conselleira acerca de la planificación de los próximos 10 años en materia de cuidados y servicios sociales para la población mayor y dependiente y ha acusado al Gobierno gallego de «cambiar derechos por bonos» en la atención a este colectivo.

«Cada vez hay más dinero para bonos y menos para la prestación de derechos y servicios», ha dicho Longueira, que ha sostenido en el pleno que en la actualidad Galicia es la cuarta comunidad «en déficit de plazas en residencias para mayores», algo que, ha augurado, empeorará en los próximos años, ya que «aunque se crean nuevas plazas, el incremento de la población mayor» crece a un ritmo superior.

Longueira ha indicado que, al ritmo de envejecimiento de la población gallega, dentro de 10 años la comunidad estará en una «situación inédita» en materia de personas mayores y dependientes. «Y, como responsable de Política Social, debería planificarlo», ha dicho.

AMANCIO ORTEGA Y RESIDENCIAS PRIVADAS

Así, la diputada socialista ha acusado al Gobierno gallego de fiarse a «las aportaciones de particulares que entregan ‘llave en mano’ inmuebles que serán gestionados por el sector privado», en alusión a la entrega de residencias construidas por Amancio Ortega, que le está «sacando las castañas del fuego» al gobierno gallego.

Paralelamente, ha asegurado, se permite que «crezca como la espuma» el sector privado, «a costa de las condiciones de las trabajadoras y trabajadores de los centros». Como consecuencia, ha añadido, «las inspecciones han cerrado ya 5 residencias en los 5 últimos años por los descuidos e incumplimientos en la gestión».

Fabiola García ha criticado que la interpelación socialista «vincule automáticamente a todas las personas mayores de 65 años con la dependencia», algo que ve «una simplificación injusta y discriminatoria», así como un «ejemplo claro de edadismo».

Asimismo, ha añadido que «las políticas públicas» en el ámbito del envejecimiento y la dependencia «deben de basarse siempre en la libertad» individual, «en los derechos y no en los estereotipos», primando la opción de asistencia preferida por el usuario.

Por su parte, la diputada socialista ha rechazado las acusaciones de «edadismo», indicando que se trata de reclamar «planificación». «Si tenemos una población mayor de 65 años, habrá que planificar el futuro ¿O gobernamos a golpe de intuición», ha apostillado.