El pleno municipal extraordinario celebrado este viernes en Lugo dio el visto bueno a los presupuestos para 2026, en su aprobación inicial, para un montante total de 131,9 millones de euros. Las cuentas lograron el apoyo de los concejales nacionalistas y socialistas, incluida María Reigosa, que abandonó el partido en fechas recientes y que había comunicado ya su intención de respaldarlos.

La sorpresa de la jornada la protagonizó de nuevo esta concejala, la última en incorporarse, respaldando una de las cuatro enmiendas del PP que se trataron, al contrario que hizo el PSOE.

Por su parte, los ‘populares’ votaron en contra de las cuentas, como también habían anunciado, basando su argumentación en los «40 millones de deuda viva que deja» y en la sucesión de «gastos innecesarios». Apelaron a la falta de legalidad de las mismas, «que claramente critica el informe de Intervención porque no cumplen con el equilibrio entre los gastos y los ingresos».

Durante el debate de presentación por parte del equipo de gobierno, se explicó de nuevo que se presentaban unos presupuestos que recogían importantes inversiones, un total de 17,7 millones de euros, así como un gasto social de 6,4. Tanto Ana González Abelleira, en nombre del PSOE, como Rubén Arroxo, en las áreas del BNG, dieron cuenta de las principales actuaciones que se llevarán a cabo con estas cuentas.

Sin mucho debate, debido también a lo «precipitado» de la tramitación, como argumentó la líder del PP, Elena Candia, las cuentas consiguieron los 13 votos que le permitieron continuar el proceso para su aprobación final próximamente.

LA POLÉMICA ESTUVO EN LAS ENMIENDAS

A pesar del voto en contra del PP a los presupuestos, la oposición logró la aprobación de las cuatro enmiendas que se llevaron a pleno, las únicas que pasaron el filtro de la Comisión de Cuentas del martes.

La sorpresa de la jornada estuvo en la que se pedía la bonificación del IBI y la supresión de la plusvalía en las áreas de expansión previstas en el PXOM, que respaldó la concejala socialista María Reigosa, al lado del PP, al entender que «se trata de una medida de justicia fiscal».

Explicó la concejala que los propietarios, aunque no pueden construir, tienen que pagar el IBI como suelo urbano. «El Ayuntamiento tiene la responsabilidad de actuar cuando se producen cobros indebidos a particulares y no puede aprovechar una situación injusta para lucrarse», explicó.

Defendió su apoyo la concejala ante el pleno asegurando que la medida no podría aplicarse hasta 2027 (el IBI se aplica con fecha 1 de enero), por lo que no afecta a la estabilidad presupuestaria de 2026, pero debe desarrollarse a lo largo de este año, contestando así a la defensa socialista que aseguraba «estar comprometidos con la situación» pero que era un «riesgo económico y podía romper el equilibro de las cuentas».

Reigosa también indicó la opción de que los afectados, a los que en este ejercicio no se les pudo aplicar la bonificación, puedan reclamar los importes correspondientes. Finalmente, recordó que esta propuesta permite dar cumplimiento a un acuerdo adoptado por unanimidad en el pleno del mes de julio, «que debe ser respetado».

Se aprobaron las otras tres por unanimidad, ya que el PSOE aceptó incluir en el documento el pago de las ayudas a colectivos de forma adelantada, así como el abastecimiento de Esperante.

La actuación de urgencia en Fermín Rivera, que defendió María Reigosa en contra del grupo de gobierno en la comisión, también contó con la unanimidad del grupo.