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El Gobierno de Santiago estudia posibles sanciones a Eulen por renunciar al contrato de centros socioculturales

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La empresa Eulen ha renunciado al contrato para la dinamización y mediación de la red de centros socioculturales de Santiago de Compostela –uno de los tres lotes en los que se dividirá su gestión–, que se le había adjudicado el pasado 21 de enero. Ante este escenario, dado a conocer por el Gobierno local, el mismo ha avanzado que está estudiando posibles vías para sancionar a la empresa.

Esta renuncia, comunicada a pocos días del plazo límite para la firma del contrato y después de reuniones de Eulen con el personal de los centros, «imposibilita» ahora la subrogación del servicio en una nueva empresa en el plazo previsto.

Según un comunicado municipal, la decisión de la adjudicataria se debe a dos motivos. Por una parte, a la deuda que la anterior empresa mantiene con las personas trabajadoras, que Eulen estima en «algo más de 137.000 euros», recoge la Administración local.

A este respecto, el Ayuntamiento ha garantizado que, «en ningún caso», el pago de los salarios pendientes le correspondería a la nueva adjudicataria. En esta línea, ha recordado que mantiene retenidas las últimas facturas que se le adeudan a la actual prestadora como garantía del pago de los sueldos atrasados.

El Gobierno local ha situado como segundo motivo de la renuncia el procedimiento judicial iniciado por la representación sindical del personal para que les sea aplicado el convenio colectivo de eventos, servicios y producciones culturales y no el convenio del sector ocio y animación sociocultural contemplado en los pliegos. «Sobre esta demanda no hay sentencia a día de hoy», ha concluido el ente municipal.

POSIBLES SANCIONES

En base a estos motivos, el Gobierno local está estudiando «todas las vías legales posibles» para la «imposición de penalidades» a la empresa y explorará «todas las posibilidades» que ofrece la Ley de contratos, incluso la prohibición de contratar en futuros procedimientos de licitación.

En paralelo, evalúa las opciones legales posibles para que la decisión de Eulen perjudique «el mínimo posible» a las trabajadoras, toda vez que esta renuncia «imposibilita» su subrogación en una nueva empresa en el plazo que estaba previsto.

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