El Gobierno gallego ha autorizado recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) los decretos que desarrollan el decreto ley de reparto de los menores migrantes entre las comunidades, que ya en su día había llevado, al igual que otra decena de autonomías, al Tribunal Constitucional (TC).

La decisión, a propuesta de la Consellería de Política Social, la ha notificado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha explicado que cuenta con la validación de la Asesoría Xurídica autonómica y se toma en un contexto en el que considera que el Gobierno central no ha «colaborado» con las autonomías en el reparto de menores migrantes.

A juicio de la Xunta, se ha optado por la vía de la «imposición», sin «planificación» ni financiación suficiente. Tanto es así que el Gobierno gallego incide en que, en lo que va de año, el Ejecutivo central «no aportó financiación alguna» para la acogida de estos menores.

Por ello, igual que en su día se recurrió el decreto ley del reparto, ahora se recurren otras dos normas que le dan desarrollo. Según Rueda, uno de ellos establece el procedimiento de reubicación y traslado de menores migrantes y, el segundo, se refiere al número de menores, es decir, a la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma.

La Xunta, se ha reafirmado reafirmado el presidente gallego, actúa «con coherencia» y los recursos presentados ahora en el Tribunal Supremo tienen la misma argumentación que el previo ante el TC, al considerar que los decretos que desarrollan la ley de marzo arrastran los mismos vicios de inconstitucionalidad.