La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha vuelto a criticar durante la Conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia, que el Gobierno «siga adelante con la imposición del traslado a Galicia de más de 300 menores migrantes no acompañados y que se haga sin financiación y sin planificación».

En su intervención, de la que ha informado la Xunta en un comunicado, ha instado al Ejecutivo central a facilitar fondos a todas las comunidades autónomas para la atención integral de estos menores.

En este sentido, la conselleira ha señalado que Galicia votó a favor del reparto de fondos a las comunidades que están teniendo mayores dificultades, Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por «solidaridad» al asegurar que la Xunta «es consciente de que son las que están acusando en mayor medida la cuestión migratoria».

Con todo, ha insistido en que el Gobierno central «debe facilitar fondos a todas las comunidades autónomas para atender adecuadamente a los menores migrantes», ya que esta situación, ha explicado, «es consecuencia de la falta de control en frontera, una competencia exclusiva del Estado».

Fabiola García ha celebrado la retirada de la orden del día, ante la oposición frontal de la totalidad de las comunidades autónomas, del punto informativo sobre el real decreto mediante el cual el Gobierno central pretende reducir el tamaño de los centros de protección a un máximo de 15 plazas.

La conselleira ha denunciado que esta intención del ministerio, que ya había sido rechazada en la comisión preparatoria y por lo tanto no podría incluirse en la sectorial, supondría una invasión de las competencias autonómicas y tendría un impacto directo sobre la sostenibilidad del sistema de protección gallego, obligando a reducir 250 plazas. Además, esta obligación fomentaría la institucionalización de los menores.

Por último, la conselleira ha denunciado que, a la hora de establecer los criterios de reparto, Galicia se ve penalizada debido a su apuesta por el acogimiento familiar. Fabiola García ha explicado que esta apuesta de la Xunta, que ha convertido a Galicia en la segunda autonomía con mejores datos de España, penaliza a la comunidad al tener menos plazas residenciales.