La CIG y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) coinciden en pedir «concreción» en la cobertura económica y en las modificaciones normativas del próximo protocolo del SAF para que sea «eficaz».

Así lo destacan en un comunicado, en el que informan de que una representación de la central ha participado este martes en la reunión de la mesa de trabajo encargada de elaborar un protocolo de protección para el personal del SAF, convocada por la Fegamp tras la solicitud de la CIG.

En ella han participado también representantes del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), que han destacado que el protocolo busca «ser una herramienta que presente procedimientos de evaluación de riesgos previa y de atención de las situaciones de riesgo ocurridas».

La CIG concluye que allí se «evidenció» que el presidente de la Xunta intentó «vender» la existencia de un protocolo «que en realidad es solo un esquema de trabajo».

Recuerdan que lo que se exige son convenios colectivos que dignifiquen las condiciones de trabajo y garanticen una atención de calidad, al tiempo que denuncian la parálisis de la negociación por parte de unas patronales que «se niegan a sentarse» y que cuentan con la «complicidad» de la conselleira de Política Social, Fabiola García, «a pesar de que la Xunta es la máxima responsable de los servicios de atención a las personas dependientes».

Sobre esto, remarcan que el SAF lleva desde 2012 sin convenio y las residencias desde 2023, «por lo que el personal del sector padece condiciones de precariedad y bajos salarios desde hace años». «Una precariedad que se va a perpetuar teniendo en cuenta el proyecto de presupuestos autonómicos para 2026 que se ha conocido, ya que no se incrementan lo necesario para dotar de condiciones dignas el sector», lamentan.

A esto añaden que, al tratarse de partidas presupuestarias no cerradas, «en cualquier momento se pueden mover cuantías millonarias para otros servicios, como ocurrió recientemente en la partida destinada a los SAF, de la que la Xunta detrajo 17 millones de euros», acusan.

LA XUNTA, «LA GRAN AUSENTE»

Además, lamentan que la Administración autonómica siga siendo «la gran ausente» de la mesa de trabajo, limitándose a enviar a la directora xeral de Inspección de Servizos Sociais, «una persona con un discurso absolutamente reaccionario que no entiende el SAF como un servicio profesionalizad».

Concluyen asegurando que ven «muy difícil» que se pueda contar con un protocolo «eficaz» sin el compromiso de la Xunta de «acometer los cambios normativos necesarios para garantizar que las medidas que se incluyan en el documento se hagan efectivas».

Sobre esto, advierten de que no podrá ser efectivo porque no se dota de los recursos necesarios para su aplicación, «ni se traslada la obligatoriedad de incorporarlos a los pliegos de contratación del servicio o a los Ayuntamientos».

La Fegamp se ha pronunciado sobre la reunión en los mismos términos, poniendo el foco en la falta de información sobre la cobertura económica y sobre las modificaciones normativas necesarias para abordar situaciones relativas a la suspensión del servicio y al servicio alternativo para el dependiente afectado.

Ante esta situación, explican que se ha acordado aportar propuestas en los próximos días para su revisión y para celebrar una siguiente reunión «lo más pronto posible» para avanzar en su concreción.

El presidente de la Fegamp, Alberto Varela, ha subrayado la «urgencia de concretar contenidos, recursos y responsabilidades» en el desarrollo seguro del SAF, para que las trabajadoras desarrollen su labor en condiciones seguras y que los dependientes reciban el servicio de atención que necesitan.

SÉPTIMA JORNADA DE HUELGA

Esta reunión coincide con la séptima jornada de huelga convocada en el sector, día en el que además se han convocado movilizaciones en las principales localidades de Galicia.

Una de ellas ha sido Ourense donde, al grito de ‘Rueda responsable, salario miserable’. se han manifestado alrededor de una treintena de personas frente a la Delegación Territorial de la Xunta. Aquí cifran el seguimiento del paro en un 65%.

Así lo ha trasladado Manoli Doval, presidenta del comité de empresa de la residencia de mayores DomusVi de Barbadás, consultada por Europa Press, que ha denunciado una «falta de personal con muchas bajas y renuncias» que afecta a «cuidados y medios» en el servicio de atención a personas mayores que «necesitan su tiempo».

«Tampoco pedimos nada fuera de lo normal, queremos firmar un convenio justo sea como sea», ha trasladado, y ha recalcado que la Xunta, «que debería apoyar», les «da la espalda y cierra la puerta».