Galicia registró en los últimos cinco años el cierre de otros tantos centros de mayores, de los 429 que existen, según datos aportados a Europa Press por la Consellería de Política Social. Desde la Sociedad de Gerontología respaldan el control existente, pero abogan por actualizar la labor inspectora y desde la CIG, convocante de protestas en el sector en los últimos meses, piden incrementar personal y sanciones «eficaces».

Del total de centros en Galicia, en A Coruña hay 113; 83 en Lugo; 146 en Ourense y 87 en Pontevedra. El total de plazas autorizadas en estos centros es de 24.661, con la siguiente distribución por provincias: A Coruña: 7.900; Lugo: 4.532; Ourense: 6.184 y Pontevedra: 6.045.

El vicepresidente de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría y presidente de la Asociación Gallega Residencias Privadas de la Tercera Edad (Agarte), José Manuel Pazos, asegura que «la sociedad debe estar tranquila».

«Que aparecieran dos centros que tuvieron que ser cerrados por la Administración, no puede poner en duda el buen hacer de muchos centros», señala sobre los dos casos registrados recientemente en la provincia de Ourense con problemas de higiene y alimentación en los residentes, entre otras carencias.

«Estos centros están muy controlados e inspeccionados, tanto por parte de servicios sociales, sanidad e inspecciones de trabajo y, en algunos casos, por las autoridades locales», apostilla para incidir en que, pese a ello, «todos los procedimientos que tienen que tener deben estar en constante actualización, como la propia Inspección, porque la ley que la regula es muy genérica y su interpretación, muy subgenérica».

CUIDADOS

Cuestionado sobre los cuidados que reciben los residentes y si deben introducirse mejoras, especifica que «los cuidados básicos son los propios de higiene, alimentación, cuidados emocionales, mantenimiento físico». «No obstante, estos se deben modificar en base los tipos de usuarios, neurológicos, psiquiátricos, convalecientes, paliativos», apunta, entre otros.

«Todo ello hace preciso que estos centros con estas tipología de usuarios, necesiten mucha más participación de Salud Pública, que en estos momentos se hace complicado porque no hay ni personal para contactar», lamenta.

Pese a todo destaca la «mejora» en los últimos años. «Sí ha mejorado, pero también hay que tener en cuenta que pasamos de tener 45 centros con la mayoría de los residentes válidos» a más de 400 «con una gran necesidad de cuidados de sanitarios». «Esto hace preciso valorar un poco más todas esas necesidades que demandan estas personas, con una tipología de difícil manejo y que necesitan complejidad de cuidados, ya no solo los básicos», apostilla.

DEMANDAS SINDICALES

Por su parte, Mar Peteira, del comité de Política Social de la CIG — sindicato que ha convocado en los últimos meses movilizaciones en demanda de mejoras laborales para el personal de estos centros — asevera que «es evidente que no están funcionando las inspecciones que se están haciendo».

Entre las causas, cita «el reducido número de inspectores e inspectoras que no solo atienden residencias sino también centros de personas dependientes, menores, escuelas infantiles, casas nido».

Además, añade que la programación de las visitas se hace «con mucha antelación, lo que facilita filtraciones a los centros». A ello suma «la inexistencia de sanciones efectivas a las residencias públicas porque la administración no paga multas y a las privadas porque les sale más barato pagar las multas que cumplir toda la normativa».

«No funcionan cuando las familias de las personas usuarias y los propios trabajadores y trabajadoras denuncian irregularidades e incumplimientos y la Consellería, de quien depende la Inspección, no toma medidas correctoras».

«La situación pone en evidencia que no es suficiente la labor inspectora, sobre todo debido al cuadro de personal a todas luces insuficiente, unos 15», precisa, para añadir que no lo es «para abordar la acción inspectora de todos los centros dependientes de Política Social».

En este sentido, la central sindical propone «dimensionar el cuadro de personal en número suficiente para abordar la gran cantidad de centros, tanto públicos como privados» y una programación de visitas «de manera que no tengan conocimiento de las mismas tantas personas y con tanta antelación para evitar las filtraciones a los centros a visitar».

«Total independencia de las inspectoras e inspectores y celeridad y efectividad de las sanciones impuestas», añade para asegurar que eso hace que «ciertas empresas hagan lo que les da la gana». También afirma que en agosto de 2023 hubo denuncia de personal inspector «y la respuesta fue la apertura de expedientes disciplinares».

LA CONSELLERÍA RECHAZA QUE HAYA PREAVISO

Mientras, desde la Consellería de Política Social explican que el ejercicio de la función inspectora corre a cargo de personal funcionario y las visitas de inspección se realizan de acuerdo con las previsiones contempladas en el Plan de Inspección de Servicios Sociales que se aprueba cada año.

«Estas visitas pueden ser de carácter ordinario, motivadas por la presentación de una denuncia o de asesoramiento, de ser el caso». «Además, la inspección realiza visitas previas a la autorización de la concesión del permiso de inicio de actividades de un centro».

También aclara que tienen como objeto «la comprobación de si, tras la finalización de la obra correspondiente, se ajusta al proyecto previamente presentado por la entidad y que sirvió de base para la autorización de creación de dicho centro».

Por otra parte, indican que «con excepción de las visitas de inspección previas a la concesión del permiso de inicio de actividades en las que los centros aún no están en funcionamiento, todas las demás se realizan en las horas y días que se estiman convenientes, sin mediar preaviso ni ninguna comunicación de la visita con antelación».

CIERRES DE CENTROS

En el caso de cierres de centros, aseveran que se adopta «cuando los servicios inspectores constatan circunstancias en su funcionamiento que determinan que las deficiencias de atención a las personas usuarias son de tal índole que no se garantiza su bienestar respecto a cuestiones básicas como la higiene, alimentación, cuidados sanitarios y sociosanitarios, entre otras».

Sobre los principales problemas, precisan que se refieren a irregularidades en la documentación, deficiencias en las instalaciones y equipamiento, higiene y limpieza del centro, las relacionadas con la deficiente atención a las personas usuarias, así como las referidas al cumplimiento de la ratio de personal.

«Una vez constatadas estas irregularidades, el personal inspector requiere a la entidad responsable su enmienda y, de ser el caso, propone realizar una segunda visita para la comprobación de la subsanación de lo requerido o la apertura de un expediente sancionador».