El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el presidente del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG), Ignacio Picatoste, han presidido este martes la Comisión Mixta de Justicia entre Xunta y TSXG, en la que han evaluado la implantación de la Ley de eficiencia judicial en Galicia.

En la reunión, en la que también ha participado el director xeral de Xusticia, José Tronchoni, se ha abordado tanto el estado de la aplicación de la Ley de eficiencia judicial en Galicia como las próximas actuaciones previstas, centradas especialmente en la organización del personal y en la adaptación de las sedes judiciales y de los sistemas tecnológicos al nuevo modelo organizativo.

Según ha señalado Diego Calvo, Galicia continúa avanzando en la implantación de Ley estatal de eficiencia del servicio público de justicia, después de ser la primera comunidad autónoma en la publicación, a comienzos de este mes, de las relaciones de los puestos de trabajo de la fase III, de las sedes judiciales de las siete grandes ciudades.

Así, ha recordado que desde el 1 de julio ya se finalizó la puesta en marcha de la fase I de la normativa en 38 partidos judiciales de los 45 existentes en Galicia y esta fase III tendrá que estar finalizada el 31 de diciembre para la puesta en servicio el 2 de enero.

En este marco de acción, se completará la reorganización del personal a lo largo de octubre, se colocará nueva señalización en todos los edificios judiciales y se dotarán de nuevas salas multiúsos, con equipos de declaraciones o videoconferencias. Además, se compilará información sobre las necesidades de los partidos judiciales para su análisis.

En lo que se refiere a la tecnología, la Xunta ha señalado que las aplicaciones utilizadas en las oficinas judiciales están ya adaptadas a las necesidades de la fase I y que se está iniciando el análisis de las necesidades asociadas a la fase III, con la adecuación de los puestos de trabajo.

El conselleiro ha destacado el esfuerzo realizado por el Gobierno gallego en la implantación de la reforma, tanto en las negociaciones con las organizaciones sindicales para la reorganización del personal como para informar de los cambios organizativos a los distintos profesionales relacionados con la Administración de Justicia en Galicia y a las entidades locales, a través de diversas jornadas divulgativas.

Además, se están desarrollando sesiones formativas y acompañamientos presenciales para facilitar lo manejo de las nuevas herramientas tecnológicas

La Xunta se ha referido «al impacto económico de la reforma estatal que el Gobierno gallego tuvo que asumir sin apenas transferencias del Estado». La Administración autonómica estima un coste de 3,3 millones de euros para la digitalización de las oficinas, de los que a Galicia se transfirieron más de 1,1 millones de fondos.

Además, en el que se refiere a la reorganización física de los tribunales y el resto de costes, muchos de ellos continuos en el tiempo, la Xunta estima el coste por encima de los cinco millones de euros, sufragados «solo con presupuestos autonómicos sin dotación económica por parte del Ministerio de Justicia».

DESARROLLO DE LAS FASES

La primera fase de implantación de la normativa afectó tanto a las oficinas de justicia como a los juzgados de paz, denominados desde el 1 de julio oficinas de justicia del municipio. En la comunidad gallega, excepto en las ciudades, cada municipio donde no tenga su sede un tribunal de instancia cuenta desde esa fecha con una oficina de justicia, que presta servicios en la localidad donde se encuentre ubicada.

En Galicia suman 268 oficinas, que están configuradas como puerta de acceso a la Administración de Justicia, además de mantener los servicios que tenían, ampliaron el catálogo de gestiones en los ayuntamientos con menos población y su actividad al resto de las administraciones públicas.

En lo que respecta a los partidos judiciales de la fase III, habrá un tribunal de instancia con una sección civil y otra de instrucción, y también todos ellos contarán con secciones del penitenciario, social, y contencioso-administrativo, y algunos de ellos con las secciones de familia, infancia y capacidad, del mercantil, de violencia sobre la mujer, de violencia contra la infancia y adolescencia, de menores y de vigilancia penitenciaria.

Así, los actuales juzgados gallegos se transformarán en sección de los tribunales de instancia en las siete ciudades gallegas y se constituirán el 31 de diciembre de este año junto con la creación de la Secretaría de Gobierno como centro de destino propio.