La Audiencia Provincial de Lugo ha acogido este lunes la primera de las dos jornadas previstas del juicio contra dos mujeres de A Pobra do Brollón que están acusadas de estafar a una vecina, mayor y con demencia, que ya falleció, y para las que se piden 4 años de prisión.

Un gran número de testigos comparecen en esta vista, en la que la Fiscalía intenta demostrar que ambas mujeres fueron autoras de un delito de estafa continuada, en el año 2016, contra esta vecina, hechos por los que fueron denunciadas a través de los sobrinos de la vecina fallecida.

En el relato de hechos, se deja claro que la mujer, hoy ya fallecida, fue la encargada de cuidar de sus hermanos, que le legaron parte del patrimonio, y posteriormente, con la edad, inició un proceso de deterioro cognitivo y mental que la llevó a numerosos brotes de agresividad contra los vecinos y familiares con los que trataba.

Debido a ello, de común acuerdo los sobrinos y la trabajadora social, fue ingresada en una residencia de mayores de O Barco de Valdeorras (Ourense), donde permaneció escasamente un mes, ya que las dos acusadas, amigas y vecinas de la anciana, acudieron al centro, de donde la sacaron para llevarla a vivir con una de ellas, en una casa del término municipal de Monforte (Lugo).

Durante este tiempo, se las acusa de, «con un plan preconcebido y movidas por el ánimo de obtener un ilícito beneficio», haber influido en ella para que les donara tres fincas, dos en A Pobra do Brollón, en la localidad de Vilachá, y otra en Monforte, en el lugar de Carud. Asimismo, acudió en una ocasión al banco para retirar 2.000 euros.

Después de estos hechos, las dos mujeres abandonaron a la anciana en el hospital de Comarcal de Monforte asegurando no poder hacerse cargo de ella más tiempo, por lo que fue después ingresada en la residencia de mayores de Chantada, donde falleció en 2019 después de que se le hubiese declarado su incapacidad total.

La sobrina que dirigió la denuncia contra las dos vecinas de su tía aseguró que la mujer tuvo siempre el cuidado y supervisión de los diferentes miembros de la familia y que fue ingresada por primera vez en la residencia porque no se tomaba la medicación, era agresiva y no estaba bien alimentada, entre otras muestras de deterioro.

También ha querido dejar claro que tanto de la cesión de las fincas como del dinero fueron conocedores una vez la anciana volvió a estar ingresada en el geriátrico. Todos estos puntos fueron corroborados también por la asistente social, que la atendió desde 2010 y durante este tiempo.

Una vez iniciado el juicio, el Ministerio Fiscal ha pedido varias modificaciones sobre su escrito, entre ellas el aumento de la pena para cada una de 3 a 4 años de prisión. También ha presentado una valoración de las fincas que fueron cedidas a ambas mujeres, en un valor de 64.000, 34.654 y 119.800 euros, respectivamente. Mantuvo la cuantía de reclamación de la responsabilidad civil, cifrada en 2.000 euros de indemnización para los herederos de la mujer.

Por su parte, la acusación particular reclama 5 años de pena y 9.680 euros de indemnización. El juicio continuará mañana y se cerrará con la declaración de las dos acusadas.