La viceportavoz parlamentaria del BNG Olalla Rodil ha avanzado que los nacionalistas han registrado en el Parlamento una batería de iniciativas para reclamar a la Xunta que impulse cambios normativos para proteger a las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de situaciones de acoso y para blindar el servicio.

Así, tal y como ha apuntado Rodil, la Consellería de Política Social e Igualdade debe «liderar los cambios normativos necesarios» para mejorar las condiciones laborales de las mujeres». Unas modificaciones normativas que «tienen que plasmar en el DOG» y dejar «las palabras bonitas y vacías».

En esta línea, ha manifestado que el asesinato de una trabajadora de este servicio en O Porriño puso de manifiesto «de la manera más dura y cruel posible» lo que «llevan denunciando desde hace años» sin que la Administración autonómica «hiciese más que mirar para otro lado»

En este contexto, ha presentado una iniciativa con cinco medidas concretas para proteger a las trabajadoras, blindar el servicio y garantizar seguridad jurídica a los ayuntamientos y a las empresas que prestan los cuidados, con el objetivo de que la Xunta «garantice un marco común y homogéneo» que sea de aplicación en toda la Comunidad, así como que «nutra de los recursos económicos suficientes el SAF».

PROPUESTAS

En primer lugar, el Bloque propone crear una mesa de trabajo que incluya, en el marco de las negociaciones iniciadas con la Fegamp, a representantes sociales de las trabajadoras para elaborar protocolos.

También reclama incrementar el financiamiento con carácter retroactivo desde enero hasta los 17 euros la hora, y con el objetivo de alcanzar los 25 euros en el 2027. En este sentido, incluye cambios en el método de cálculo del precio/hora para cubrir también costes laborales del personal administrativo y de trabajo social.

Por otro lado, propone modificar las ratios que fijan el personal técnico mínimo exigible a las empresas que prestan el servicio para que se reduzca el número de personas usuarias por técnico.

Por último, pide a la Xunta que «haga valer su posición como autoridad laboral y administración responsable en materia de derechos sociales» en la negociación del convenio colectivo del SAF para «promover unas condiciones laborales y salariales dignas y seguras».

XUNTA: «LA COMPETENCIA ES MUNICIPAL»

Por su parte, fuentes de la Consellería de Política Social han remarcado que el SAF es «de competencia municipal», tal y como se recoge en la Ley de Servicios Sociales de Galicia» que, ha recordado, fue aprobada en el 2008 cuando gobernaba en Galicia el BNG y el PSdeG.

Por ello, el departamento autonómico ha insistido en que «deben ser los Ayuntamientos los que establezcan los protocolos y regulaciones».

En todo caso, ha defendido que la Xunta ha mostrado su disposición a colaborar con la Fegamp en la elaboración de un protocolo de protección para el personal de este servicio.

«Desde el primer momento, cuando el vicepresidente primero de la Fegamp propuso esta iniciativa, la Xunta trasladó su voluntad de prestar colaboración para sacar adelante este protocolo con el objetivo de garantizar la seguridad del personal y el bienestar de los usuarios de este servicio, uno de los más demandados en Galicia», ha reivindicado.

Sin embargo, ha reconocido que el Gobierno gallego es «consciente de las dificultades de muchos ayuntamientos para hacer frente a este servicio», por lo que ha subrayado que la Consellería «lleva tiempo negociando con la Fegamp un nuevo incremento de la aportación económica» a este servicio.

También ha señalado que la normativa estatal sobre dependencia obliga a financiar a partes iguales al Gobierno central y a las autonomías, «pero en la realidad esto no es así», sosteniendo que en Galicia la Xunta aportó el 65% de la financiación, mientras que el Ejecutivo estatal, el 34%.