La Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR) lamenta la nueva sentencia emitida por el Tribunal Supremo que avala la prórroga de la concesión de los terrenos públicos de la pastera Ence en Lourizán hasta 2073: «Una decisión que, no por esperada, deja de causar dolor y decepción».
En un comunicado, este colectivo insiste en que la prórroga que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016 «fue absolutamente irregular por contraria al bien común» y quiere «matizar algunos aspectos» sobre el fallo conocido esta semana, que va en el mismo sentido que las sentencias contra otros recursos del Ayuntamiento de Pontevedra y Greenpeace.
Así, la APDR se queja de que el Supremo esperase «algo más de dos años» para emitir este fallo sobre su recurso y considera que es «una táctica dilatoria para retardar» la actuación de la asociación en otras instancias judiciales. Además, señala que en el Supremo hubo dos votos particulares que coinciden con lo que decidió la Audiencia Nacional en primera instancia, que había anulado la prórroga.
Asimismo, la Asociación pola Defensa da Ría vincula la prórroga del Gobierno de Rajoy a la concesión de la fábrica pontevedresa con la presunta «trama corrupta» por la que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro está siendo investigado.
Y es que en los últimos días trascendió un pago de unos 116.000 euros de Ence a Equipo Económico –empresa fundada por Montoro– en 2013, año en el que precisamente fue aprobada la reforma de la ley estatal de costas de 1988 en la que ahora se basó el Supremo para avalar la concesión.
