La Asociación Galega de Matronas ha mostrado este viernes en una concentración su rechazo al cierre del paritorio de Verín. «Estamos aquí para defender el derecho de las mujeres a parir donde deseen», ha manifestado Elena Rodríguez, una de las matronas de Verín.
Decenas de personas han respondido este viernes a la llamada de la Marcha Mundial das Mulleres y Arrolos de Teta y se han sumado a la concentración a las puertas del materno del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para mostrar su rechazo a la decisión de cerrar el paritorio de Verín.
«Las matronas siempre estamos con las mujeres y queremos reivindicar que no se pierda algo que hemos ganado juntas», ha señalado Elena Rodríguez.
Esta matrona del Hospital de Verín se ha mostrado «más a favor de movilizar al personal y hacerlo rotar que a las mujeres con contracciones», si realmente la gerencia del CHUO cree que no dan «los cuidados necesarios»
Su compañera Sara Campo ha reprobado la decisión de la Consellería de Sanidade basada en un documento de estándares y recomendaciones del año 2009 en el que, según sus palabras, «obvian puntos» como que «se quiere la regionalización de los partos». «Eso es justamente lo que hacemos nosotras en Verín, dar asistencia 100% a cada mujer», ha añadido.
Además, las matronas han señalado que «los niños que llegaban a Urgencias una vez pasado el proceso de triaje eran finalmente vistos por un pediatra».
«RECORTAR LOS DERECHOS ES VIOLENCIA»
Entre gritos y caceroladas y consignas como «nosotras parimos, nosotras decidimos» o «Verín no se cierra», las convocantes han procedido a la lectura del manifiesto que expresa «el profundo rechazo» ante la medida tomada por la Gerencia del área sanitaria de Ourense, Verín y el Barco de Valdeorrras de cerrar el paritorio y el servicio de Atención de Urgencias Pediátricas del Hospital Comarcal de Verín.
Los colectivos profesionales y feministas han aludido a que «los argumentos esgrimidos por el gerente y los jefes de servicios del CHUO se refieren únicamente a criterios económicos y a una mala gestión de los recursos».
En este sentido han instado al Gobierno gallego a «asumir el compromiso de garantizar los servicios y la calidad asistencial sanitaria, sin perjuicio del género o lugar de residencia». En sus propias palabras, «recortar los derechos de las madres también es violencia».
Además, se han centrado en «la evidencia científica» para denunciar las prácticas perjudiciales para la salud que se realizan en los centros como «la realización de cesáreas por ser víspera de festivo o final de la Liga» o «la separación de la díada madre-bebé para observarlo sin criterio médico de atención urgente», entre otras.
AGRAVIO PARA EL RURAL
A la concentración se han sumado también representantes políticos como Ánxeles Cuña del Grupo Común da Esquerda en el Parlamento gallego y la diputada del BNG Noa Presas, entre otros.
Ánxeles Cuña ha calificado el cierre del paritorio de Verín como «una muestra clarísima de la política del PP». En concreto, se ha centrado en criticar el agravio que supone en la denominada «legislatura del rural» el cierre de esta unidad en el mismo.
Asimismo ha manifestado que esta decisión contribuye a la «devaluación demográfica» y conlleva «problemas políticos de enorme envergadura en el tratamiento del tema sanitario». Desde su grupo consideran que «la queja es absolutamente fundada» porque «existe una distancia de más de 100 kilómetros y conlleva problemas severos».
También ha calificado de «vergüenza» la no comparecencia del conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, para abordar este tema, y «cuando comparece no responde a las preguntas y echa balones fuera», ha señalado.
Por parte del BNG han mostrado, una vez más, todo su apoyo a «todos los colectivos que en estos momentos están dando la cara por algo que es de derecho». Noa Presas ha llamado a la Xunta de Galicia a que rectifique. «Es inasumible esta moto que nos están intentando vender con el cierre del paritorio de Verín», ha dicho.
Además, ha cuestionado «por qué desde el PP no dan la cara y asumen que de lo que se trata no es de cuestiones técnicas, sino de un problema de organización sanitaria y de recursos económicos».
«Primero tienen que estar los derechos de las personas y de las mujeres y después la organización sanitaria tendrá que adecuarse a esta cuestión», ha señalado la diputada nacionalista.