La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha trasladado en la tarde de este viernes al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Luis Planas, las peticiones incluidas en la declaración firmada con UU.AA. y Asaga, que reúne un total de 11 demandas dirigidas a las instancias comunitarias y al Gobierno central ante de la posible entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

Lo ha hecho con motivo de la celebración del Consejo Consultivo de Política Pesquera y Política Agraria para Asuntos Comunitarios, reunión a la que también ha asistido su homóloga de Mar, Marta Villaverde, y de la que ha informado la Xunta en un comunicado.

María José Gómez ha explicado que el documento, que ya fue remitido de manera oficial al Ministerio, tiene como principal objetivo «proteger a nuestros agricultores y ganaderos», mediante una serie de medidas y exigencias que buscan reforzar la aplicación práctica del acuerdo y sus cláusulas de salvaguarda, en caso de que este se ponga en marcha.

En concreto, en el texto se demanda al MAPA, entre otras exigencias, un plan reforzado y verificable de controles en frontera y auditorías en origen, de forma que solo accedan al mercado europeo los productos que cumplan la legalidad comunitaria. También se pide la elevación urgente, por parte del Ministerio a la Comisión Europea, de cualquier incumplimiento y una interlocución técnica estable y periódica con las comunidades autónomas y con el sector.

Asimismo, la declaración exige la creación de una unidad de seguimiento especializada del acuerdo, para controlar importaciones, precios y canales, con la creación también de un sistema de alerta temprana con una comunicación transparente y ágil cara las autonomías y las organizaciones sectoriales. Precisamente sobre esta cuestión, la conselleira ha demandado tanto a la Unión Europea como al Ministerio que actúen «para proteger a nuestros sectores productivos» en relación con las implicación del acuerdo.

LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA

En este contexto, y en referencia a las competencias del Ministerio, ha hecho especial hincapié en la necesidad de amparar a los agricultores y ganaderos delante de «flutuaciones de mercado» y ha recordado que es preciso hacer cumplir la Ley de la cadena alimentaria estatal y actuar ante «cualquier alteración que haya en algún eslabón de la cadena de valor».

Por otra parte, Gómez ha remarcado que la Xunta sigue demandando, junto con las tres principales organizaciones profesionales agrarias de Galicia, «una PAC fuerte, y más en estas circunstancias, porque los agricultores y ganaderos gallegos necesitan ese presupuesto, que es imprescindible para continuar trabajando por nuestro campo».

En otra orden de cosas, Gómez ha celebrado el anuncio del ministro Planas de que se va a solicitar a la UE la activación del fondo de emergencia por las intensas lluvias de las últimas semanas y pidió que, de ser el caso, estos recursos lleguen a los productores gallegos.