Varios colectivos han denunciado este viernes en los juzgados de Zamora un posible delito de prevaricación por la supresión de paradas de tren en Sanabria. Unión el Pueblo Leonés (UPL), la asociación Viriatos, Terra SOStenible y Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora han presentado una demanda en la que apuntan a los presidentes de Renfe y Adif, al secretario de Estado de Transportes y al alcalde de Vigo, Abel Caballero. Este último, «como instigador».
Conviene recordar que, en la reorganización de servicios planteada por Renfe, que entra en vigor este 9 de junio, se suprimen varias paradas en la estación de Sanabria Alta Velocidad, ubicada en la línea entre Madrid y Galicia, ya cerca de la frontera entre Castilla y León y Orense. La decisión del operador ferroviario ha provocado distintas movilizaciones y las quejas vecinales ante la eliminación, en particular, de las frecuencias matinales tanto de ida como de vuelta.
Ante esta situación, los colectivos firmantes de la denuncia han decidido recurrir a la vía judicial, según ha explicado la abogada que ha presentado la demanda, Pilar Calvo, que ha explicado los pormenores a la puerta de los juzgados y que ha recalcado que la demanda incluye la petición de medidas cautelares. Es decir, que mientras se dirime el asunto, los servicios matinales de Sanabria se mantengan.
Calvo ha hablado, en su explicación, de las expropiaciones necesarias para ejecutar las obras de la línea ferroviaria, del impacto ambiental del tren sobre la comarca, de la construcción de la estación abierta en 2021 y del planteamiento actual del operador ferroviario: «Según el presidente de Renfe, en declaraciones que ha hecho a los medios de comunicación, se han cerrado las paradas de AVE en Sanabria por un motivo de interés público. El interés público lleva unos trámites legales que exigen el trámite de audiencia a los interesados y también una declaración de interés público por parte del Ministerio de Transportes que no se ha llevado a cabo», ha argumentado Calvo.
Para la abogada, esta es «una decisión injusta a sabiendas, con lo cual entraría dentro del presunto delito de prevaricación». «Por otro lado, el tren tiene una vocación de servicio público y, en este caso, si se quitan frecuencias, el servicio público para el que está destinado no lo lleva a cabo», ha apostillado Calvo, que ha añadido, además, que el Gobierno compensa a Renfe y a Adif todos los años por aquellos servicios que son deficitarios: 918 millones en 2025. «Entonces no tiene sentido ninguno, desde el punto de vista jurídico o técnico, suspender estos», ha insistido.
Pilar Calvo ha matizado que el presunto delito podría llevar aparejada una pena de ocho meses de prisión y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. También ha aclarado que la demanda se ha presentado en Zamora por ser la provincia a la que afecta, aunque no ha descartado que, si se considera que influye también a otros territorios, pueda pasar a la Audiencia Nacional.
