El gobierno local de Santiago de Compostela ha anunciado este lunes que «esta semana» arrancará el proceso de licitación del nuevo contrato de autobús urbano, que tendrá un cambio jurídico relevante: pasará de ser una concesión a un contrato de servicios, con el cual el Ayuntamiento tendrá un «mayor control» para introducir mejoras.

Las principales novedades de la nueva forma del contrato la han explicado en una rueda de prensa este lunes la alcaldesa de la capital, Goretti Sanmartín, y el concejal de Movilidad, Xan Duro.

Sanmartín ha reconocido que se trata de una licitación «compleja» y que el proceso va «más atrasado de lo que realmente quisiera el gobierno». Aunque han evitado comprometer plazos, sí han ratificado que el cambio evitará trámites –por ejemplo, no se tendrá que remitir la documentación a la Oficina Nacional de Evaluación– y que trabajarán «incansablemente» para que el nuevo contrato entre en vigor antes de que finalice el mandato en 2027.

El cambio de modelo jurídico de contrato, de concesión a uno de servicios, llega tras realizar un «análisis muy detenido» del servicio de transporte urbano en otras ciudades, de informes y de sentencias. Sanmartín ha defendido que su gobierno trabaja con la «premisa muy clara» de que el autobús «no es un negocio, sino un servicio público».

El concejal de Movilidad ha explicado que este cambio tendrá «un impacto muy directo sobre los vecinos» y dará al Ayuntamiento más «control» sobre el servicio, ya que la fórmula actual –de concesión– supone trasladar un servicio municipal –y sus riesgos– a una empresa para que la explote.

Aunque no cambiará el presupuesto base de licitación que ya se había anunciado, de unos 137 millones de euros para 13 años, Xan Duro sí ha reconocido que el precio máximo de los billetes que recogen los pliegos implicaría una subida de tarifas.

En concreto, el viaje ordinario pasará de 1 a 1,40 euros, pero el gobierno municipal apuesta «por la fidelización» de la gente, por lo que el bono transporte, «que utiliza más del 50 por ciento de la gente», subirá solo tres céntimos: de 0,60 a 0,63.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, actualmente, el abono cuesta en torno a la mitad, debido a los descuentos que introduce el Gobierno estatal desde 2022. Además, la alcaldesa ha dicho que, en base a las ofertas que presenten las empresas durante el proceso de contratación, la tarifa también «puede bajar».

Según ya se había avanzado en su momento, el nuevo contrato supondrá una ampliación de líneas, sobre todo para las parroquias rurales, y servicios nocturnos, «que a día de hoy no existen». También una renovación de la flota, aunque sobre esto Sanmartín ha mostrado más dudas de que pueda ser posible antes de que finalice el mandato.

A partir de esta semana, que arrancará el proceso de licitación, se empezarán a recoger «todos los informes preceptivos» para que «muy pronto» pueda abrirse el concurso público. En este sentido, preguntado sobre si esto no aumenta el riesgo de que el proceso quede desierto, Duro ha dicho que «no tiene por qué», dado que si hay un estudio económico los precios del servicio «se ajustan al mercado».