El Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Diario Oficial de Galicia (DOG) publican este lunes el real de creto de transferencia de las competencias sobre el litoral a Galicia, que serán ejercidas de manera efectiva el 1 de julio.

El Ejecutivo que dirige Alfonso Rueda pasará así a tener el control sobre autorizaciones y concesiones de la comunidad de España con más kilómetros de costa: más de 2.500 en los que se asientan más de 4.000 edificaciones de todo tipo, incluidas más de cien empresas del complejo mar-industria, que la Xunta ve «esenciales» para la economía gallega.

Del alcance de este paso histórico –se trata del primer traspaso a la comunidad tras casi 17 años, ya que el último data del bipartito de PSdeG y BNG que dirigió la Xunta de 2005 a 2009– ya informaron en una comparecencia conjunta a comienzos de abril el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Entre las competencias transferidas, según figura en el decreto aprobado la semana pasada en Consejo de Ministros, se encuentran las autorizaciones de usos de temporada en playas y en el mar territorial, las autorizaciones en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar o la vigilancia, así como la tramitación e imposición de sanciones.

Pero hay decisiones que seguirá tomando el Estado. En concreto, dentro de las funciones y servicios que se reserva el Gobierno estatal se encuentran la de fijar el importe de los cánones por la utilización del dominio público marítimo-terrestre; o el rescate de las concesiones demaniales cuando lo exija una razón de interés general vinculada a su ámbito.

También la potestad sancionadora derivada de sus competencias, y que no se refieran a las infracciones por incumplimiento que le corresponda a Galicia.

El real decreto también establece una serie formas de cooperación entre las dos administraciones en materia de construcciones o modificaciones de puertos y vías de transporte; sobre los informes que deben emitirse desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre los planes y normas de ordenación del litoral; o en materia de obras de interés general.

Asimismo, el texto contempla formas de cooperación –a través de una comisión de seguimiento, convenios e intercambios de datos– para el ejercicio de funciones concurrentes, en lo relativo a la construcción de nuevos puertos y vías de transporte, cumplimiento del régimen general del dominio público marítimo-terrestre, ejercicio de las potestades sancionadoras de las respectivas administraciones e inversiones en obras de interés general.

En cuanto a los medios que se transfieren a la Xunta, están partidas presupuestarias de 1,2 millones de euros, así como 11 vehículos y 36 puestos de trabajo –ocupados y vacantes–: 17 de personal funcionario y 19 de laborales.