Los cuatro candidatos a presidir la Audiencia Provincial de Pontevedra — tres hombres y una mujer — han planteado medidas para abordar la «sobrecarga» de asuntos y también otras como refuerzos y actuaciones para mejorar la atención a víctimas de violencia de género, entre otros colectivos vulnerables.
Ha sido en su comparecencia ante la comisión evaluadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde han expuesto sus principales propuestas, además de hacer un repaso sobre su trayectoria profesional en una intervención limitada a unos diez minutos.
Julio César Díaz Casales, magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pontevedra, ha calificado de «sangrante» la situación del edificio de la Audiencia Provincial y ha abogado por adoptar medidas para que sea «accesible».
Ya en lo que se refiere a sus propuestas, y tras hacer un breve resumen de su trayectoria profesional como los demás, ha apelado a impulsar medios alternativos para resolver conflictos, homogeneizar prácticas judiciales e impulsar medidas para «paliar la sobrecarga de trabajo» tras afirmar que algunos se encuentran «al 200%». También ha abogado por no «desaprovechar» los Juzgados de Paz.
Por su parte, Jacinto José Pérez Benítez, magistrado de la Audiencia de Pontevedra, ha incidido también en el «incremento exponencial» de la carga de asuntos y ha defendido medidas «coyunturales y estructurales». En total, ha planteado 46 propuestas en áreas como medidas de refuerzo, implantación efectiva de la digitalización, efectividad contra la violencia de género o compromiso de calidad en la respuesta judicial.
Mientras, María Belén Rubido de la Torre, magistrada del Juzgado de lo Penal número 4 de Pontevedra, ha insistido en impulsar la digitalización y los medios telemáticos; abordar el reto para mejorar la atención en materia de violencia sobre la mujer o a los menores y actuaciones para una justicia «moderna, eficaz y con una carga de trabajo soportable».
Por último, Xermán Varela Castejón, magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra, ha coincidido en la importancia de dar una respuesta adecuada para evitar la «revictimización» y fomentar la colaboración con «los agentes» vinculados al ámbito judicial.
También ha expuesto actuaciones para hacer frente a la «sobresaturación» de asuntos, especialmente en secciones civiles y también en la sección sexta, en una intervención en la que ha hecho alusión a mejorar la atención en los casos de violencia de género.
