Los cuatro candidatos a presidir la Audiencia Provincial de A Coruña, dos mujeres y dos hombres, han coincidido en fijar como objetivos, en caso de ser elegidos, abordar la «sobrecarga» de asuntos con creación de nuevos juzgados y refuerzo de servicios, pero también trabajar para acercar la Justicia a la ciudadanía, especialmente en el ámbito de la violencia de género.
Todos ellos han hecho repaso de su trayectoria en su exposición ante miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La primera en intervenir ha sido Marta Canales, magistrada de la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, que llevó en su momento desde un juzgado coruñés la demanda del Estado contra la familia Franco por la recuperación del Pazo de Meirás.
La sobrecarga de los juzgados y las medidas para abordar este problema ha centrado parte de su exposición, en la que ha manifestado que los juzgados de la provincia coruñesa están «peor» en relación a otros. «La carga de trabajo es abrumadora», ha dicho para incidir en los de Primera Instancia o de lo Social. Esto para recalcar, asimismo, la necesidad de crear nuevas unidades judiciales, particularmente en violencia de género.
Por su parte, María Teresa Cortizas, magistrada de la Audiencia de A Coruña, se ha comprometido, de ser escogida, a «mejorar» la eficiencia del órgano y promover el «acercamiento» de la Justicia a la sociedad. Todo ello insistiendo en la necesidad de refuerzos y mantener los existentes, impulsar la mediación y «homologar servicios» ante la nueva organización judicial. «Hay que mejorar el acceso a la Justicia de víctimas de violencia de género», ha apostillado.
Ignacio Picatoste, actual presidente de la Audiencia de Coruña, cargo que ostenta desde 2019, ha hecho referencia a su balance en estos años como el control del rendimiento de jueces sustitutos para evitar situaciones de pendencia o medidas organizativas, particularmente por la pandemia y que se han mantenido.
Como los demás, ha coincidido en trabajar para afrontar la carga de asuntos en los juzgados y también ha considerado necesario un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, con ámbito comarcal, en Santiago. «Es imprescindible mantener mecanismos de refuerzo y un plan de actuación en el ámbito de la jurisdiccion civil», ha añadido.
A su vez, ante la comisión de calificación y en una intervención con diez minutos para cada uno de los intervinientes, Carlos Manuel Suárez Mira, del Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña, también ha planteado crear nuevos juzgados, en el ámbito de la violencia de género, pero, además, en otros como el civil o el penal, con atención especial a municipios como Carballo o Ribeira.
A esto ha sumado actuaciones para reducir la pendencia. Como la magistrada María Teresa Cortizas ha defendido impulsar el uso del gallego. A ello, ha añadido facilitar el acceso a la Justicia a las personas con diversidad funcional.
