La Xunta, a través del Portal de Transparencia e Goberno Aberto, ha abierto este martes el plazo de consulta pública previa de la reforma de la Lei de Saúde de Galicia que incluirá sanciones, entre otras medidas, contra las agresiones al personal de la sanidad.

De esta forma, hasta el día 10 de abril, cualquier persona u organización representativa puede remitir sus aportaciones a través del formulario web habilitado en el Portal de Transparencia.

Se trata de una norma anunciada el pasado 3 de febrero, tras la reunión del Consello de la Xunta, y que busca blindar por ley medidas ante la violencia que sufren los trabajadores del Servizo Galego de Saúde (Sergas), algunas de ellas ya incluidas en protocolos específicos.

La Consellería de Sanidade pretende seguir las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, que reconocen que estos profesionales están «especialmente expuestos a sufrir agresiones y situaciones de violencia».

En concreto, la propuesta de la Xunta se desarrollará en tres ejes. El primero será el refuerzo de las medidas de seguridad, con la revisión de los protocolos actuales, un plan de prevención y la extensión del botón de alerta de la plataforma ‘Acude’ a todos los dispositivos del personal.

En segundo término, se ampliarán los colectivos protegidos más allá del Sergas, al incluirse los técnicos de emergencias y de Urxencias Sanitarias-061.

Por último, el refuerzo de la protección integral de las víctimas –se trasladarán de oficio las denuncias a Fiscalía y la Asesoría Xurídica de la Xunta dará asistencia al agredido– y más planes específicos de formación.

Además, se creará un registro de actos violentos en el ámbito sanitario y habrá un servicio específico encargado de prestar apoyo psicológico a las víctimas.

Junto a todo ello, se modificará la parte de infracciones y sanciones de la Lei de Saúde para dar un trato singularizado a estas conductas. De hecho, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, explicaba la semana pasada en el Parlamento que las multas no serán solo para las agresiones, tanto físicas como verbales, sino también para los episodios de resistencia, coacciones y desacato.