El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, espera que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula parte de un decreto de la Xunta por «privatizar» de forma parcial procedimientos de evaluación ambiental «sirva» para frenar la planta de Altri para Palas de Rei (Lugo) y augura un alcance «enorme» en este y otros proyectos en tramitación.

Un día después de que el TSXG diese a conocer su decisión, la CIG –central sindical mayoritaria en Galicia y la que interpuso recurso contra el decreto en cuestión– ha convocado una rueda de prensa en la que ha valorado la sentencia: un «varapalo» para el Gobierno gallego que va a significar «un antes y un después» en este ámbito.

Con el decreto sobre entidades de colaboración ambiental, la Xunta, según la central nacionalista, desarrolla su «práctica» de «compra de informes en el mercado» para «satisfacer intereses espurios de empresas».

Según ha criticado, junto a Carril, el representante de la CIG Alexandre Prieto, previamente a la aprobación de la norma, en 2023, el Ejecutivo autonómico «centralizó» los informes en Santiago primero y estuvo «intimidando a funcionarios» después.

La anulación parcial, ahora, «afecta a parques eólicos, proyectos mineros… y a Altri», según han destacado los responsables de la CIG, que entienden que la Xunta –que ya ha avanzado que interpondrá recurso– va a tener que revisar las tramitaciones desde 2023.

Por su parte, la organización sindical pedirá información por la vía administrativa, y si en el plazo de tres meses no la recibe, irá de nuevo a la justicia.

«Están sustituyendo la imparcialidad de los empleados públicos por empresas privadas pagadas que están al servicio de su lucro, no de los intereses generales», denuncia la CIG.

«Los funcionarios al final van a tener que hacer la firma a ciegas. No pisan el terreno, no ven el entorno, simplemente firman y si no, recibirán presiones o sanciones», lamenta.

La CIG tiene constancia de que al menos un informe sobre Altri, el relativo a la captación de aguas, «estaba hecho por una empresa externa».

«Por cautela entenderéis que no vamos a abrir muchas pistas, porque entre que estarán funcionando las destructoras de papel y las estufas de leña quemando cosas para que no dejen rastro», ha ironizado Carril.

También han apuntado los responsables de la CIG a la tramitación de la mina de Touro y han indicado que estudiarán pedir la ejecución provisional de la sentencia, para evitar «daños irreversibles».

PLATAFORMA DEFENSA DA RÍA

Por su parte, el presidente de la plataforma en defensa de la ría de Arousa, Xaquín Rubido, ha celebrado que el alto tribunal le diga a la Xunta «que sus tramitaciones ambientales no son acordes con la ley».

Así, ha instado al Gobierno de Alfonso Rueda a «paralizar de una vez por todas estos proyectos industriales contaminantes, expoliadores del territorio y que ponen en peligro el futuro del sector primario».