La exconsejera y expresidenta de la Comisión de Nombramientos del Banco Popular Reyes Calderón ha tachado este martes de «novela» la tesis defendida por el expresidente Ángel Ron de que el sucesor de éste en el cargo, Emilio Saracho, fichó por la entidad para venderla a bajo precio, según han informado fuentes jurídicas.

Así lo ha dicho Calderón durante su comparecencia en calidad de imputada ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga las presuntas irregularidades que llevaron a la disolución del banco a mediados de 2017, sólo 108 días después de que Saracho asumiera la Presidencia de la entidad.

El nombre de Calderón ya había salido en las declaraciones que han ido prestando otros investigados en esta causa, entre ellos los propios Ron y Saracho. Éste último fue el primero en comparecer y aseguró al magistrado y al fiscal Anticorrupción que la exconsejera fue la persona que se puso en contacto con él para pedirle que asumiera el cargo.

Por su parte, Ron afirmó que Saracho llegó al Banco Popular aupado por Calderón y el entonces consejero y accionista Antonio del Valle Ruiz con la única intención de vender el banco a bajo precio y no para gestionarlo.

Además, aseguró que Calderón había acometido el proceso de nombramiento sin tener atribuciones para ello, contando con el empuje de Del Valle, que ya estaba fuera del Consejo de Administración pero contaba con apoyos dentro. Lo definió como un proceso tormentoso plagado de maniobras subrepticias y no exento de gritos ni de lágrimas.

Sin embargo, la exconsejera, que ha contestado a las preguntas del juez, fiscal y defensa durante unas dos horas, ha negado la mayor, explicando además que los estatutos del banco le daban potestad para acometer los nombramientos que considerara necesarios, ya que presidía la comisión destinada a tal fin, han indicado las fuentes consultadas.

DICE QUE MANTUVO A RON INFORMADO DE TODO

Asimismo, ha querido dejar claro que en todo momento que aceptó pilotar el proceso de cambio en la Presidencia del Popular, pero que puso dos condiciones: que de todo quedase constancia por escrito y que Ron estuviera siempre informado de todos los pasos, cosa que se hizo, según ha defendido. Y también ha subrayado que seis consejeros además de ella estuvieron de acuerdo con el proceso y así lo manifestaron.

El Banco Popular llevó a cabo en la primavera de 2016 una ampliación de capital por 2.505 millones de euros, que se justificaron en la obtención de importantes beneficios y cobro de dividendos. Durante todo ese tiempo, su entonces presidente, Ángel Ron, defendió la situación «inmejorable» del banco y se vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial.

Sin embargo, los beneficios se convirtieron en pérdidas y los dividendos nunca llegaron. Las demandas contra los antiguos gestores versan sobre las «irregularidades contables» de los últimos ejercicios y la supuesta falta de veracidad de los folletos para las ampliaciones de capital. La disolución de la entidad, ya con Ron fuera y con Saracho al frente, tuvo lugar el año siguiente.

En cuanto a esa ampliación de capital, Calderón se ha desmarcado, ya que ha asegurado que en la primavera de 2016 no tenía ninguna competencia para gestionar este asunto, han añadido las fuentes jurídicas consultadas.