Los trabajadores, sanitarios y no sanitarios, del Servizo Galego de Saúde (Sergas) que sufren agresiones en un año se pueden contar por cientos, de acuerdo con datos oficiales y registros de organizaciones sindicales y profesionales. Sin embargo, solo una pequeña parte –decenas– acaba en denuncia o proceso judicial.

El caso más mediático de los últimos días fue el ocurrido el pasado 3 de febrero en las urgencias del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac), donde un paciente de psiquiatría trasladado por el 061 acuchilló a un enfermero, que estuvo días ingresado, y a un guardia de seguridad de la empresa Prosegur.

No obstante, colegios profesionales, sindicatos y el propio Sergas coinciden al advertir que incidentes como este, aunque no alcancen tal gravedad y se queden en ataques verbales, son más comunes de lo que trasciende.

Un informe oficial del Sergas al que ha tenido acceso Europa Press, referido al año 2023, cifra en 460 los incidentes registrados con 502 profesionales afectados. Supone un aumento con respecto a 2022, cuando se produjeron 405 episodios con 450 empleados agredidos.

Casi dos de cada tres son agresiones verbales, mientras que las restantes son físicas. Además, llama la atención el hecho de que casi el 80% de las víctimas, de acuerdo con estos datos del Sergas, sean mujeres.

En cuanto al perfil del agresor, suele ser un hombre (60,93%), que es o bien paciente (69,64%) o bien un familiar (24,84%). Los lugares más comunes donde ocurren los ataques son las habitaciones de hospitalización (29,57%) y las consultas o despachos (20,22%).

DENUNCIAS Y JUICIOS

Los cientos de casos recogidos en este informe contrastan con otras cifras, también oficiales, sobre cuántos de estos episodios llegan a denunciarse, cuántos llegan a juicio y cuántos reciben asistencia letrada del Sergas si es que así lo reclama la víctima, tal y como marcan los protocolos.

Por ejemplo, el último balance de la Policía Nacional, también correspondiente al año 2023, refleja que en Galicia se registraron solo 16 denuncias por agresiones a sanitarios: ocho en la provincia de A Coruña, seis en la de Lugo, tres en la de Ourense y una en la de Pontevedra.

Del mismo modo, según datos ofrecidos por la Consellería de Sanidade a Europa Press, durante 2024 un total de diez trabajadores de la pública recibieron asistencia legal por parte de la asesoría jurídica de la Xunta en siete procesos judiciales –alguno afecta a varias personas– debido a agresiones físicas sufridas durante el desempeño de su actividad profesional.

De estos procedimientos, hay dos que ya están pendientes de sentencia y otros dos –uno de ellos con varios empleados afectados– en los que se están practicando diligencias. En cuanto a los tres restantes, uno de los juicios por un delito leve fue transformado a diligencias previas, otro está pendiente de celebrarse y el último caso está en plazo de formularse acusación contra el agresor.

PROTOCOLOS DEL SERGAS

El Sergas cuenta con diversos documentos, entre ellos guías y planes de actuación que figuran en su web, que establecen un protocolo a seguir en sus centros y servicios cuando se produce un episodio de agresión a un trabajador o, como se denomina más técnicamente, violencia de origen externo (VOE).

Uno de estos documentos garantiza que la Administración prestará al profesional afectado asistencia sanitaria, psicológica y jurídica. Incluso si la víctima no quiere presentar denuncia, el responsable del centro tendría el deber de trasladar lo ocurrido a la Fiscalía.

Se trata de un procedimiento de actuación que data de noviembre de 2015, hace algo más de nueve años, y que es común para todo el Sergas. También se diseñó en 2015 una guía para que cada área elaborase su propio plan específico de prevención, así como la designación de un coordinador de violencia laboral en cada una.

Además, hay una ley gallega de asistencia jurídica al personal de la Administración Xeral del año 2016, que incluye a los sanitarios de la pública pero no a trabajadores de servicios externalizados. Así pues, no se beneficia de esta asistencia el vigilante de Prosegur herido levemente el 3 de febrero en el Chuac.

A raíz de lo ocurrido en este servicio de urgencias, la Consellería de Sanidade realiza «un análisis estricto de lo sucedido» para revisar protocolos y adoptar medidas para garantizar la seguridad de pacientes y empleados.

La primera fue la habilitación de un segundo vigilante en las urgencias del Chuac, pero la junta de personal exige más medidas, incluida la dimisión del gerente del área sanitaria coruñesa, Luis Verde, porque lleva «años» advirtiendo de la falta de inseguridad.

En este contexto, la Consellería, más allá de apelar al respeto a su personal por parte de la ciudadanía, promoverá reuniones con instituciones y colectivos con el objetivo de implementar acciones para atajar estos episodios violentos, que «son intolerables».