El PPdeG ha rechazado una moción propuesta por el BNG que demandaba, entre otras cosas, reclamar a la Xunta la ampliación de la planta judicial en Galicia, al considerar los populares que lo que se necesita son más jueces y culpando al Gobierno de poner «obstáculos» al «imponer una ley estatal sin consenso».

En concreto, la iniciativa del Bloque, defendida este martes en la Cámara por Iago Tabarés, reclamaba instar a la Xunta a promover ante el Gobierno el incremento de competencias en materia de planta judicial, así como la transferencia de las competencias sobre el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

También demandaba la ampliación de la planta judicial en aquellos partidos cuyo volumen de entrada y pendencia de asuntos así lo justificase y la revocación de la comarcalización de las secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia de Ourense y Santiago.

Además, pedía realizar las actuaciones necesarias para la «dignificación y mejora del servicio de justicia gratuita en Galicia y de las condiciones de las profesionales que lo prestan».

En este sentido, Iago Tabarés ha lamentado que los profesionales «siguen realizando un servicio por el que no reciben prestación», algo que, en su opinión, es consecuencia de «la improvisación y falta de diálogo» y de que a la Xunta «no le importa la administración de justicia».

SEPARACIÓN DE PODERES

Por último, la propuesta del BNG exigía respetar «escrupulosamente» la separación de poderes, «absteniéndose de realizar cualquier acción o manifestación que, excediendo el ejercicio del derecho a la libertad de expresión o a la sana crítica, vayan dirigidas a limitar o condicionar la independencia judicial».

A este respecto, la diputada del PPdeG Paula Prado, en su turno de intervención, ha reprochado a los nacionalistas que reclamen la separación de poderes mientras «amparan a un Gobierno que creó unas cloacas para ir contra el Estado de Derecho».

AUMENTO DE JUECES

Asimismo, la popular ha subrayado que las competencias en materia de planta judicial son «las fijadas por la ley orgánica del poder judicial que el BNG apoyó», al tiempo que ha afirmado que «de nada sirve aumentar funcionarios» cuando quien tiene que resolver «son los jueces».

En cuanto a las secciones de violencia sobre la mujer, Paula Prado ha manifestado que es «competencia del Ministerio», por lo que ha instado al parlamentario del Bloque a reclamar al departamento estatal que «en vez de poner escoltas a quien anda extorsionando en las cloacas del PSOE» mientras en Galicia hay «13 policías al día para proteger a las víctimas».

«El incremento tiene que ser de jueces. A ver cuando consiguen esos 19 jueces que hacen falta para Galicia, pero el Ministerio está a otra cosa, está protegiendo a su Gobierno, a su presidente, a los ministros, a la directora general de la guardia civil, al fiscal general y a todas las cloacas del PSOE», ha aseverado.

LA JUSTICIA, «PRIORIDAD NACIONAL»

En su turno de réplica, Tabarés ha reconocido la importancia de los jueces, pero ha recordado a la portavoz popular que «en la mitad de la legislatura de M. Rajoy no se creó ninguna plaza de juzgado», pero ahora, ha añadido, «está dividida la judicatura y la oficina judicial».

«Claro que son importantes las plazas de jueces, pero también las de cuerpos de gestión y hoy tenemos ciento y pico plazas menos que las que teníamos a principio de 2025», ha censurado.

Por todo ello, ha pedido al PP que «deje de intentar controlar la justicia por la puerta de atrás» y que pase a ser «su prioridad nacional», así como que «dialoguen con la administración del Estado para poder ejercer esas competencias».

«FALTA DE INVERSIONES»

Por su parte, la diputada del PSdeG Paloma Castro ha dicho compartir la necesidad de ampliar la planta judicial en la Comunidad y ha culpado a la Xunta de «falta de inversiones y de actuar de espaldas» a los actores jurídicos.

Así, ha defendido la enmienda presentada –aceptada por el BNG– que incluía recoger el teletrabajo para «mejorar la calidad de vida y reducir el gasto público», un plan de infraestructuras judiciales para adaptarlo al nuevo modelo y «un consenso».