Decenas de personas se han concentrado este lunes ante la sede de la Xunta en Santiago para reclamar un sistema público de atención a la dependencia y exigir la firma de un pacto político. Así, han rechazado la «modificación unilateral» da Lei de servizos sociais y han exigido «una mejor atención» a las personas mayores y con dependencia.

La protesta, convocada por Comisiones Obreras (CC.OO), el Colegio Oficial de Trabajo Social (COTS) y el Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL), ha comenzado a las 11,00 horas frente al complejo administrativo de San Caetano y ha contado con el apoyo de diferentes representantes políticos.

En concreto, con la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, la coordinadora nacional de Podemos Galicia, Isabel Faraldo, y la concejal de Dereitos e Servizo Sociais en el Ayuntamiento de Compostela.

Entre cánticos como ‘Máis recursos e menos anuncios’, ‘Aquí está, aquí se ve, o traballo social en pé’, ‘O público é servizo, o privado beneficio’ o ‘Fabiola dimisión’, sindicatos, trabajadoras sociales y usuarios han denunciado que la modificación, introducida a través de la Ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos, supone un «grave retroceso» porque «convierte los servicios sociales en un trámite administrativo y favorece la privatización».

EXIGEN UN PACTO POLÍTICO

En este sentido, la presidenta del COTS, Miriam Rodríguez Sierra, ha explicado que lo que reivindican con esta movilización es que se modifiquen las estructuras de dependencia y «que se tenga en cuenta a los profesionales». Entre los cambios «más polémicos», ha incidido en la unificación de las solicitudes de dependencia y de discapacidad, «eliminando así la valoración profesional».

Por su parte, la secretaria xeral de CC.OO Galicia, Amelia Pérez, ha detallado en declaraciones ante los medios que la Xunta firmó un plan de choque con el Gobierno central para «reforzar el sistema», pero ha lamentado que el Ejecutivo gallego «recortó los fondos en vez de aumentarlos».

Asimismo, Pérez ha afeado a la Xunta que «culpe» al personal público de los «retrasos» en el sistema y ha advertido de que «es necesario crear empleo estructural en vez de refuerzos temporales». Otra de las cuestiones que preocupa a los sindicatos es «la promoción de políticas de bonos en lugar de ampliar plazas públicas en residencias y centros de día».

Por todo lo anterior, han exigido la «renovación inmediata» de los cambios aprobados en materia de dependencia, la firma de un pacto político en defensa del sistema público de servicios sociales, la convocatoria «urgente» del Consello Galego de Benestar Social, con la comparecencia de la conselleira de Política Social, Fabiola García, el incremento del personal de valoración de dependencia y discapacidad y la mejora de los recursos públicos «para garantizar una atención digna».

VOCES POLÍTICAS

Por su parte, la nacionalista Olalla Rodil ha reclamado a la Xunta que dote de recursos humanos suficientes, que duplique el personal de los equipos de valoración y orientación de la dependencia y que elabore «inmediatamente» un plan de ampliación de los servicios de atención a la dependencia de residencias públicas, de centros de día, del servicio de ayuda en el hogar.

«Llevamos mucho tiempo denunciando la situación en la que se encuentran por falta de recursos y de personal, especialmente en los equipos de valoración y orientación que atenta directamente contra los derechos fundamentales de las gallegas y de los gallegos dependientes», ha esgrimido Rodil ante los medios.

Del mismo modo, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha criticado que la «única» respuesta de la Xunta a estos «retrasos inasumibles» en la resolución de expedientes de la dependencia, sea «poner en riesgo la calidad en la atención» a través de una modificación legislativa que permite que funcionarios sin titulación en Trabajo Social «tramiten e informen sobre las solicitudes».

Así, el responsable socialista ha señalado que «defender los servicios sociales es defender los derechos de las personas más vulnerables» y ha trasladado el apoyo de los socialistas gallegos a los trabajadores sociales que ven cómo su profesión está siendo menospreciada».

Además, la coordinadora nacional de Podemos Galicia, Isabel Faraldo, ha advertido de que «las modificaciones en materia de atención a la dependencia que Alfonso Rueda intenta camuflar en la Lei de Medidas Fiscais e Administrativas, que acompaña a los presupuestos de la Xunta, suponen un grave retroceso en la calidad de la atención al eliminar el informe social».

Con todo, la concejal de Servizos Sociais del Ayuntamiento compostelano, María Rozas, ha denunciado el «desmantelamiento» por parte de la Xunta del sistema público de atención a la dependencia y ha hecho hincapié en que el objetivo trasladar este servicio al ámbito familiar y al ámbito privado.