Queda apenas una semana para que, a 31 de diciembre de 2024, la Xunta haya resuelto los 210 procesos selectivos que tiene en marcha para estabilizar empleo público –151 por el sistema de concurso y 59 por el de concurso oposición–, que afectan en total a 5.675 plazas. Ese es el plazo comprometido con Europa para reducir la temporalidad en la Administración autonómica.

Por un lado, el Gobierno gallego asegura que «la mayoría» de esos procesos están «en fase de finalización». En concreto, el 64,3% de esos concursos tienen publicada la relación de aprobados –126 por concurso y nueve por concurso-oposición–, según los datos que aportan fuentes de la Consellería de Facenda consultadas por Europa Press.

De acuerdo con esta información, actualizada a 20 de diciembre, el 23,8% de los procesos –22 por concurso y 28 por concurso oposición– publicó o tiene «a punto de publicarse» el baremo definitivo y el 10,95% restante –dos por concurso y 21 por concurso oposición– cuenta con baremo provisional publicado o «a punto de publicarse». Un proceso por concurso y dos por concurso-oposición quedaron «desiertos», según la consellería.

Esto significa que, a pocos días de que termine el año, el 35% de los procesos en marcha –73 de 210– sigue sin relación de aprobados. Una vez todos resueltos, la Xunta asegura que «agilizará» después el proceso «en la medida de lo posible» para que las personas que superen estos concursos «puedan tomar posesión en el primer trimestre de 2025».

«ESTABILIZAN PLAZAS Y NO PERSONAS»

Por su parte, el sindicato CNT denuncia que «cientos de temporales» se enfrentan al despido después de este proceso de estabilización. Trabajadores afectados consultados por Europa Press critican la forma en que se ha llevado a cabo, «estabilizando plazas y no personas», de modo que empleados con contratos superiores a 15 años con la Administración autonómica «se van a quedar fuera».

Aseguran que Función Pública está desarrollando este proceso «sin haber verificado las plazas que cumplen» los requisitos para salir a concurso, fijados en la ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad del empleo público.

Por su parte, las fuentes de Facenda consultadas apuntan que esta norma establece que las plazas son las que estuviesen ocupadas con carácter temporal «de forma ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016» y que la Xunta, tras consultarlo con las consellerías, identificó esas más de 5.600 plazas, las que se convocaron «inicialmente».

«Una vez analizada la propuesta presentada en el marco del diálogo social, se añadieron 39 plazas por el sistema de concurso y cuatro plazas por el sistema de concurso-oposición, dado que cumplían los requisitos establecidos en la ley», indican estas fuentes.

Los trabajadores consultados por Europa Press críticos con la estabilización inciden en que precisamente con esto «lo que se demuestra es que Función Pública está desarrollando el proceso selectivo sin haber verificado las plazas que cumplen la ley».

Tras la publicación de las resoluciones de elección de destino se determinará el número de personas «que dejarán de prestar servicios», admite la Consellería de Facenda.

En cualquier caso, puntualiza que «estas personas volverán a las listas de contratación y podrán ser llamadas para ocupar, entre otras, las plazas que dejen vacantes los trabajadores estabilizados que mudan de destino».

«El número total de puestos de trabajo ocupados no variará prácticamente, sin embargo, se incrementará el número de puestos ocupados por personal funcionario de carrera o laboral fijo», resalta Facenda.

Y descarta que al final de todo esto haya que «echar mano» de las asistencias técnicas para realizar tareas que implican «un vínculo laboral fijo».

INFORME DE CONTAS

En su informe de fiscalización de gastos de personal de la administración general, correspondiente a los ejercicios 2014 a 2019 y publicado a finales de 2021, el Consello de Contas certificó que en 2019 la temporalidad alcanzaba el 27,75% (aún por debajo del 36,19% en el que se situaba entonces la media de las comunidades autónomas).

Era «especialmente significativa» en el personal laboral (el 50%) y en el personal estatutario (33%). «En los ejercicios 2017 y 2019 se firmaron con las organizaciones sindicales sendos acuerdos de concertación del empleo público de Galicia que tienen por objeto incrementar la estabilidad en el empleo y reducir la tasa de temporalidad», recogía dicho documento.

A día de hoy, el Ejecutivo autonómico asegura que los procesos «en fase de finalización» permitirán reducir la tasa de temporalidad «estructural» de forma que, una vez terminados, esta se sitúe en Galicia por debajo del 8%.