La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, cree que el precio de la vivienda, tanto en alquiler como para compraventa, bajará «poco a poco» en Galicia con las medidas impulsadas por la Xunta, que se notarán, a su juicio, a partir del verano de 2026.

Es para entonces para cuando Allegue cuenta con que estén terminadas «al menos» 1.500 de las 4.000 viviendas de promoción pública comprometidas por el Gobierno de Alfonso Rueda para esta legislatura, de aquí a 2028.

Esta y otras actuaciones con las que el Ejecutivo autonómico busca que haya más oferta de vivienda, por ejemplo el desarrollo de suelo residencial, se notarán «poco a poco», según destaca la conselleira, en una entrevista concedida a Europa Press.

El del precio no es un problema «que pueda solventarse de hoy para mañana», reconoce, pero reivindica estar haciendo «muchas cosas». «En el momento en que haya más vivienda disponible, claro que los precios bajarán», asegura.

VUELVE A HABER INTERÉS POR CONSTRUIR

Durante los mandatos de Alberto Núñez Feijóo «se hizo mucho», según la titular de Vivenda, si bien admite que desde 2008, con la crisis económica, «se dejó de construir vivienda, no solo protegida, también libre».

Ahora detecta «de nuevo ese interés por la construcción de vivienda» y aboga por «aprovechar esta oportunidad». Así, aunque niega actuar en función de los dictados de los constructores, constata que son necesarios, porque «las viviendas no pueden salir solo de las administraciones públicas».

En lo que a la Xunta respecta, compromete «al menos» 1.500 nuevas viviendas de promoción pública terminadas el verano de 2026, de las 4.000 prometidas en cuatro años.

«Luego es como todo. Depende de los tiempos de demora de la concesión de licencias, de la adjudicación, las vicisitudes que te encuentres en la construcción de la obra… Lo que sí tenemos claro es que al final de la legislatura, en 2028, tenemos que tener 8.000 viviendas de promoción pública», resalta.

Por otra parte, saca pecho por haber tomado «la iniciativa» para desarrollar suelo residencial en el que impulsar la promoción de vivienda, unas 15.000 en siete zonas de Galicia que se construirán a partir de 2028, tanto libres, como protegidas (el 80%).

«NADA MÁS LEJOS» QUE COPIAR A LA OPOSICIÓN

En la entrevista a Europa Press, la responsable de Vivenda reprocha a la oposición que critique «todas las medidas» de la Xunta en este campo y rechaza estar «copiando» propuestas de BNG y PSdeG. «Nada más lejos», asevera.

La calificación permanente e indefinida de las viviendas de promoción pública, «de modo que nunca dejen de estar en ese régimen de protección», es algo que pedían socialistas y nacionalistas, pero la dirigente indica que «estuvieron gobernando cuatro años con el bipartito (2005-2009) y no hicieron nada».

«Haberla aplicado», suelta, para, a continuación, censurar que, de hecho, hicieron «todo lo contrario» al establecer una disposición adicional «que permitió la liberalización de muchísimas viviendas protegidas». En concreto, «más de 10.000 viviendas protegidas se descalificaron en la época del bipartito», según Allegue. Por eso, concluye que «cada uno tiene que predicar con lo que hace».

«EN CONTRA DE LA INTERVENCIÓN»

Teniendo claro que en «nada» contribuye para el ciudadano la confrontación Xunta-Gobierno central en materia de vivienda, Allegue tampoco ve espacio, «para nada», para la autocrítica.

Y carga contra la ley estatal de vivienda al entender que «muchos de los problemas que existen con los precios vienen motivados» por esta norma. «Es totalmente intervencionista y crea esa inseguridad jurídica a los propietarios que tienen viviendas vacías, que no las destinan a alquiler sino que prefieren destinarlas a otros usos o incluso dejarlas vacantes», dice.

«Totalmente en contra de la intervención de los precios», la Xunta se mueve vía incentivo, a través de bonificaciones fiscales como la que prevé aprobar para quienes construyan o rehabiliten para alquilar o la que permitirá deducir 500 euros del IRPF a quien alquile por menos de 700 euros.

«Lo que queremos es fomentar la puesta en el mercado de estas viviendas vacías, toda vez que la ley estatal está perjudicando esa facilidad de poner a disposición viviendas con las facilidades que se da para la no desocupación de posibles inquilinos que dejen de pagar el alquiler», expone.

Al respecto, defiende el tope de 700 euros, «muy por encima de los precios medios de la comunidad», y ratifica que está «descartadísimo» que su equipo proponga ningún tipo de medida que imponga un máximo al precio del alquiler.

«ESPECULAR? NI MUCHÍSIMO MENOS»

En cuanto a los beneficios fiscales para promotores, subraya que «no se trata ni muchísimo menos de especular» e ironiza con que no entiende esa palabra en este contexto. «No entiendo qué especulación puede haber en poner viviendas vacías en régimen de alquiler», afirma.

«El precio del alquiler es libre. Si aquí en Galicia pones un precio del alquiler que está por las nubes, esa vivienda no va a ser alquilada», sostiene.

Una vez constituida la recién creada sociedad pública de vivienda, se muestra confiada en que presentará una «agilidad distinta» al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Esta legislatura tiene el encargo de promover la construcción de 2.350 viviendas y después «también tiene la posibilidad de desarrollar suelo».

Otro ámbito en el que «ni muchísimo menos» piensa actuar la consellería es en el de las viviendas de uso turístico, y apunta a las competencias municipales.

Las mismas competencias a las que alude al ser preguntada por la conversión de bajos comerciales en viviendas en zonas con riesgo de inundación. Después de lo sucedido en Valencia con el paso de la ‘DANA’, apela a una «responsabilidad colectiva», pero remarca que son los planeamientos los que regulan los usos permitidos en cada caso.

AUTOPISTAS

Allegue defiende el rescate de concesionarias con peajes en sombra al estar en una situación económica «diferente» a la de 2014: «Ojalá entonces hubiésemos tenido esa capacidad presupuestaria, pero no la teníamos», aduce.

En cuanto a la AP-9, subraya que «fueron varias» las veces que han pedido reunirse con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y niega que la empresa a la que solicitó un informe la Xunta sobre el coste de la transferencia tenga vínculos con el PP o con la propia Audasa.

Tiene con el PP «los mismos» que con PSOE y BNG, y con la concesionaria porque es «una empresa especializada en autopistas en materia de concesiones», argumenta.

El estudio «se trasladó al ministerio (…) pero ni siquiera se ha puesto en comunicación con la consellería para entrar a debatir sobre esas cifras». Está convencida de que la negativa al traspaso «no es solo una decisión económica, sino que es claramente de voluntad política».

La autovía de la Costa da Morte tiene «un tramo ya avanzado» y en esta legislatura «seguirá desarrollando sus trabajos con un siguiente tramo» que la Xunta «ya dará a conocer».

ANGROIS

Sobre el accidente del Alvia en Angrois, como titular de Infraestruturas –aunque en este departamento ya no residen las competencias en movilidad–, se limita a señalar que «fue una desgracia inmensa».

Considera que «independientemente del color político» todos están «en el mismo barco» y muestra su «confianza total» en la justicia, que condenó al ex director de seguridad de Adif y al maquinista.

«No sé lo que habría hecho», responde a si habría dimitido en caso de ser ministra de Fomento en el momento del descarrilamiento.