Los sindicatos que firmaron el acuerdo educativo con la Xunta en octubre de 2023 han advertido que el documento «sigue sin cumplirse al 100%» en los apartados de reducción de ratios en las aulas y en el refuerzo de la atención al alumnado con necesidades especiales, por lo que mantienen su amenaza de recurrir a los tribunales para exigir que se dé cobertura a estas cuestiones en el arranque del nuevo curso.

Así lo han trasladado este viernes a Europa Press fuentes de los sindicatos Comisiones Obreras y Anpe, dos de las organizaciones, junto a UGT, que firmaron el documento en otoño del pasado año que la Consellería de Educación aplica a partir de este curso para rebajar las ratios por aula.

Después de que el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ofreciese este mismo viernes una rueda de prensa para desgranar la puesta en marcha del acuerdo y avanzase, como novedad, un cambio en la implantanción de un plan de refuerzo para los centros con mayor número de alumnado con necesidades especiales, los sindicatos firmantes insisten en que la Xunta «interpreta» de una forma «distinta» a como lo hacen ellos el documento.

La crítica se mantiene en la aplicación «progresiva» en la bajada de ratios y en la implantación del programa por el que el alumnado con necesidades especiales o los repetidores computarán doble o triple a efectos de ponderación para poder optar a refuerzos docentes.

El presidente de Anpe Galicia, Julio Díaz, ha defendido que el acuerdo es «excelente» si «se interpretase como tiene que hacerse». Como ejemplo, censura que inspectores validen que clases que el pasado curso tenían 22 alumnos puedan aumentar su número siempre que no alcancen el tope de 25.

También ha puesto el foco en la forma de contabilizar el alumnado con necesidades especiales, algo que Díaz atribuye a que a la consellería «no le dan los números», pues contemplaba que había «unos 2.000» niños y niñas con problemas acreditados por informes médicos «y las previsiones ahora es de que se llegue a los 11.000».

En este sentido, el responsable de Anpe en Galicia ha subrayado que este problema «de cálculo» no corresponde a los sindicatos que firmaron un acuerdo que, según ha remarcado, no hace referencia a «números» de este tipo que estaban en conocimiento de los servicios sociales; al tiempo que reclama que este plan de refuerzo se aplique también en Secundaria, además de en todos los niveles de Infantil y Primaria como anunció este viernes la Xunta.

Otro de los asuntos sobre los que los sindicatos ponen el acento es en la aplicación del acuerdo del año 2009 –suspendido durante 15 años– para reducir el número de alumnos para agrupamientos en escuelas rurales, que pasa de 18 a 14.

Anpe y Comisiones lamentan que el departamento que dirige Román Rodríguez decidan aplicarlo también de «forma progresiva», algo que, como ha recalcado Julio Díaz, «no está recogido en ningún sitio».

Por su parte, el responsable de Educación en Comisiones Obreras Galicia, José Fuentes, cree que la consellería «ha ido cambiando» la forma en la que contabiliza las unidades «a lo largo del verano», por lo que ha emplazado a conocer el número definitivo de profesorado para emitir una opinión, toda vez que los sindicatos dicen estar «cansados de los cambios de criterio» de la Xunta.

CIG VE «CAMPAÑA PUBLICITARIA»

Por su lado, la CIG, sindicato presente en la mesa de educación que se descolgó del acuerdo, ha considerado que la rueda de prensa de este viernes del conselleiro y su equipo es «un nuevo ejercicio de publicidad» para «vender lo que ya estaba anunciado».

Así lo ha expresado en declaraciones a Europa Press el secretario de Acción Sindical de CIG Ensino, Diego Boquete, que ha considerado que la Xunta «trampea» el conteo de alumnado para «tapar» los «recortes» en las unidades del rural gracias al incremento de alumnado en los centros de la Galicia urbana.

Así pues, ha augurado que se producirán movilizaciones en septiembre por parte de los centros educativos una vez se conozca el reparto definitivo de unidades y profesorado para el nuevo curso.