La mujer acusada de tentativa de homicidio por apuñalar a un hombre en Bertamiráns, en Ames (A Coruña), en febrero de este año se ha declarado culpable y ha aceptado una pena de prisión de cuatro años. Sin embargo, no tendrá que cumplirla a cambio de someterse a un tratamiento de deshabituación del consumo de drogas, cuyo efecto influyó en la comisión del delito, según los hechos probados.

Este es el acuerdo al que han llegado su abogado y la Fiscalía y que ella ha aceptado este jueves ante la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago. Durante el tiempo de la suspensión de la pena, tampoco podrá cometer ningún delito. De incumplir cualquiera de estas dos condiciones, tendría que ingresar en prisión.

Los hechos probados ocurrieron el 19 de febrero de este año en el parque Pazo da Peregrina. El hombre agredido se encontraba allí junto a unos amigos en torno a las 20.20 horas. En un momento dado, se le acercó la mujer y se inició una discusión en relación a un teléfono móvil.

Durante su transcurso, le propinó dos puñetazos en el rostro y, a continuación, extrajo de su cazadora un cuchillo con mango de madera y le asestó tres puñaladas. Aunque la fase de instrucción comenzó con cuatro personas investigadas, finalmente solo figuró ella como presunta autora de los hechos, que ahora ha admitido.

Sobre estas circunstancias, se han aplicado dos atenuantes. Uno de ellos se refiere a las drogas que había consumido previamente y que afectó a sus facultades cognitivas y volitivas durante la comisión de los hechos. El otro consiste en el pago íntegro de la cantidad acordada como indemnización, 3.642,73 euros, abonados antes de la vista.

Ambos atenuantes han permitido que la Fiscalía rebaje el límite mínimo de la pena a cuatro años, que, en el caso de la tentativa de homicidio, se sitúa en cinco años. «Para bajar de los cinco años, era necesario la aparición de estos dos atenuantes, que fue lo que alcanzamos», ha explicado su abogado ante los medios.

FIN DE LA PRISIÓN PROVISIONAL

Hasta ahora, la mujer se encontraba en prisión provisional. De hecho, su presencia en la vista ha sido de forma telemática desde allí. Una vez ratificado el acuerdo, el juez ha decretado su puesta en libertad inmediata en los términos descritos.

De este modo, la actualmente condenada dispone de un plazo de 15 días para comunicar a la Sala el inicio del tratamiento al que está obligada a someterse. Para ello, tendrá que acudir a la Unidade Municipal de Atención a Drogodependentes (UMAD) u otro centro similar y acreditar que lo ha realizado mediante un escrito. El cumplimiento se revisará con vistas frecuentes durante los próximos cuatro años.