El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, pidió este jueves «voluntad política suficiente» a los gobiernos autonómicos para cooperar con las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno para «poner coto a esta realidad descontrolada» de los apartamentos turísticos sin licencia.

Así lo expresó el ministro en declaraciones a los medios de comunicación en Dénia (Alicante), durante su visita a la provincia de Alicante para avanzar en el trabajo de monitorización de viviendas turísticas que operan sin licencia.

«Creo que el problema de la vivienda es de una magnitud que hace que todos los poderes públicos deban hacer lo que esté en su mano para solucionarlo y creo que lo que espera la ciudadanía, más allá de colores o de orientaciones políticas, es que los poderes públicos respondan a estos problemas y aporten soluciones», recalcó, al tiempo que añadió que se debe emplazar a las autonomías a poner «la voluntad política suficiente para cooperar con las iniciativas en marcha para poner coto a esta realidad descontrolada».

Además, Bustinduy invitó formalmente a la Generalitat Valenciana a que colabore con la iniciativa de la Dirección General de Consumo para «perseguir la publicidad de pisos turísticos sin licencia». También pidió que «escuchen a muchos ayuntamientos que les piden que recapaciten y reinstauren las tasas turísticas». En la misma línea, reclamó al Consell que movilice vivienda vacía y que incremente el parque de alquiler social, así como que aplique la Ley de Vivienda.

El ministro sostuvo que la Ley de Vivienda «permite contar con herramientas para bajar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas», pero apuntó que requiere de una declaración por parte de las comunidades autónomas y ha lamentado que «las comunidades autónomas gobernadas por el PP se niegan a hacerlo».

«El PP ha querido echar la culpa a la Ley de Vivienda del problema de los precios del alquiler en las ciudades y las comunidades en las que gobiernan, pero es una ley que no aplica. Que la apliquen y veamos cuáles son los resultados, porque a día de hoy es la principal herramienta que tenemos para conseguir que baje el precio de los alquileres en las grandes ciudades en nuestro país. La opción que han seguido hasta ahora, que es no hacer nada, estamos viendo los reusltadosy el impacto que está teniendo sobre las mayorías trabajadoras en este país», censuró.

Bustinduy denunció que los pisos turísticos que operan sin licencia están «agravando la dificultad de acceso a la vivienda para los jóvenes y para familias trabajadoras» y ha considerado que se impone «una lógica de especulación, extractivista e improductiva sobre el derecho constitucional a disponer de una vivienda digna».

MODELOS «SOSTENIBLES» Y CON «CONDICIONES DE BIENESTAR»

Preguntado por las concentraciones contra el turismo en algunos municipios, Bustinduy afirmó que «hay toda una expresión social de descontento respecto a la situación que está generando un modelo económico que tiene un fuerte riesgo de ser insostenible y que está afectando negativamente las condiciones de vida de las poblaciones, específicamente lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda».

No obstante, rechazó que sea «una cuestión binaria de turismo sí o turismo no», sino que a su juicio se trata de «modelos que resulten sostenibles, productivos y que redunden en unas condiciones de bienestar para la sociedad que desempeña esta actividad económica».

«Creo que estamos en un momento muy importante para poder definir sobre qué modelos queremos apostar. Es muy importante que esos modelos sean sostenibles y que reviertan en mejores condiciones de bienestar para las condiciones de vida de quienes viven y trabajan aquí», defendió.