Un total de 928 actuaciones, vistas, comparecencias y audiencias previas han sido suspendidas en los 276 órganos judiciales de Galicia desde el inicio de la huelga del turno de oficio el pasado 21 de noviembre. Esto supone una media de nueve actos cada día.

Así lo ha señalado el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, en la Comisión Primera, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior del Parlamento de Galicia, en la que ha dado respuesta a una pregunta formulada por el nacionalista Iago Tabarés, quien emplazó al Gobierno del PP a sentarse a negociar con los abogados de oficio que llevan cinco meses en huelga.

En su intervención, en la que ha asegurado «respetar» pero «no compartir» la decisión de huelga, Tronchoni ha detallado que el 76% de las suspensiones se produjeron en la jurisdicción penal, el 24% en la civil, un 4% en la social y un 1% en la de lo contencioso administrativo.

Por provincias, el 39% de las actuaciones judiciales suspendidas corresponden a la provincia de A Coruña; el 35% a la de Ourense; 16% a la de Pontevedra y un 10% a la de Lugo.

El director xeral ha destacado haber mantenido diversas reuniones en 2023 y 2024 con los profesionales en huelga para abordar cuestiones como el incremento de las partidas en materia del turno de oficio, la inclusión de conceptos nuevos y seguir asignando convenios de colaboración en aquellas materias que la ley no cubre.

De estos encuentros, así como de las conversaciones con los decanos de los colegios de abogados, ha dicho que salieron diversos acuerdos en beneficio del colectivo como la actualización e inclusión de nuevos conceptos en el baremo de indemnizaciones o la reducción de la tramitación en el pago de la representación y defensa de las personas insolventes que no tienen reconocido el servicio de derecho de justicia gratuita.

A mayores se incluirá en el baremo de indemnizaciones conceptos como la intervención letrada en entradas y registros domiciliarios, el proceso concursal y procesos de especial complejidad en todas las órdenes. También se prevé una revisión de todas las cantidades del baremo.

El director xeral ha dicho que Galicia es una de las comunidades con los baremos más elevados y de las más ágiles en su pago, y que establece el incremento de las compensaciones fijadas conforme al IPC a partir de enero de 2024. Además, ha dicho que la gallega es una de las pocas que ha incorporado la defensa y representación de personas jurídicas en los procesos penales, así como el acompañamiento inicial a las víctimas de especial vulnerabilidad.

Según ha indicado, desde 2010 la Xunta destinó a la asistencia jurídica gratuita más de 167 millones, con incrementos en todos los conceptos a lo largo del periodo. En cuanto al mantenimiento de la infraestructura del servicio de asistencia jurídica gratuita y del turno oficio, José Tronchoni ha apuntado que solo en 2023 supuso una inversión superior a los 876.000 euros, un 7% más que en el año anterior.

CRÍTICAS DEL BNG

Por su parte, el portavoz de Justicia del BNG, Iago Tabarés, ha reclamado al Gobierno del PP que se siente a negociar con los representantes de la abogacía y de los procuradores que llevan más de cinco meses en huelga, y ha reivindicado la dignificación y mejora del servicio de justicia gratuita y del turno de oficio.

«La gestión de esta situación ya es peor que la de 2018, cuando la huelga de funcionarios duró cuatro meses», ha denunciado el diputado, que ha advertido de las consecuencias que el paro tiene en el funcionamiento de la justicia gallega.

Además, el parlamentario ha reclamado a la Xunta más presupuesto para atender a la justicia, al asegurar que Galicia es de las comunicase que menos invierten por habitante en este ámbito.