El Ministerio Fiscal ha reiterado este viernes su acusación contra dos excargos de la Xunta acusados de falsificación documental y ha asegurado que ambos «se confabularon» para «adulterar» el expediente de la tramitación ambiental sobre el dragado de la ría de Ferrol.

En la última sesión del juicio, que acoge la Audiencia Provincial de A Coruña con sede en Santiago, tanto la Fiscalía como la acusación popular, en nombre de Adega, han elevado sus conclusiones a definitivas. En concreto, el Ministerio Público pide para los acusados seis años de cárcel e inhabilitación por falsedad documental.

Los procesados son el entonces jefe de Servicio de Conservación da Natureza de A Coruña, Carlos Muñoz, y el exsubdirector xeral de Espacios Naturais e Biodiversidade, Rogelio Fernández Díaz, que están acusados de crear un documento, que introdujeron en el expediente, para justificar la omisión en un informe negativo a la obra de dragado de la ría de Ferrol, que no fue incluido en la Declaración de Impacto Ambiental.

En la última jornada, el fiscal ha mantenido su tesis de que ambos cargos «se pusieron de acuerdo» para «crear» un documento que «maquilló» el contenido del expediente. Así, ha recordado que el objeto del juicio no es si la decisión ambiental fue la correcta o no, si no si existió una falsedad documental y ha rechazado los argumentos dados por los acusados sobre que lo hicieron para «dejar constancia» de lo que había sucedido tras recibir el informe después de un requerimiento de la Fiscalía.

Sin embargo, el Ministerio Público ha sacado a relucir que por el medio pudo haber «otros intereses» y ha llamado la atención sobre que se introdujese en el expediente una ‘nota interna’ para dejar constancia de una reunión en la que se trató el informe discordante y se optó por «pedir aclaraciones», pero no otras notas para recoger que «esas aclaraciones se dieron».

«Nos dice que nunca se respondió del servicio de Conservación da Natureza, pero es mentira, el técnico dijo aquí que se le consultó y se ratificó en que no iba a cambiar el informe», ha dicho el fiscal, que ha cuestionado por qué no se introdujo esta información en otra nota. «Si se quiere trasladar la verdad completa, falta otra nota informativa», ha zanjado.

Por ello, considera que la intención de los acusados «no era responder a la verdad» y ve «acreditado» que «se manipularon los expedientes» con este fin.

En la misma línea, la acusación popular ha afirmado que «existe una falsificación» en este ámbito, con un consecuente «delito claro de falsificación de documento». A mayores, esta parte pone en duda incluso la veracidad de lo incluido en la nota, afirmando que «esa supuesta reunión ni siquiera se produjo».

LAS DEFENSAS PIDEN LA ABSOLUCIÓN

Por su parte, las defensas han mantenido la inocencia de los procesados y han pedido su absolución, negando que este hecho pueda encuadrarse en el delito de falsificación de documento.

En esta línea, sus abogados defensores han explicado que «no se ha demostrado que la nota interior sea falsa» ni «que se haya intentado engañar a la Fiscalía», al tiempo que han considerado que «el procedimiento estuvo respaldado normativamente».

En sus conclusiones finales, los letrados han garantizado que el contenido de la nota interior «es cierto» y han hecho hincapié en que el procedimiento, que se inició incluyendo también un delito medioambiental, se ha quedado en falsedad documental.

Para las defensas, «se hizo lo que se tenía que hacer», intentar «resolver las discrepancias internas», y se dejó constancia a posteriori para explicar el proceso. Finalmente, han cuestionado también que la ‘nota’ pueda considerarse un documento público, al tratarse de un texto de «apoyo» externo con valor solo «aclaratorio».