La Comunidad de Montes de Teis (Vigo) ha presentado este viernes una denuncia ante la Fiscalía de Área por la posible comisión de delitos de prevaricación y/o malversación por parte del Ayuntamiento olívico, tras realizar obras de nueva construcción en los terrenos del antiguo Vigozoo, ahora Vigo Nature, pese a que esos terrenos no son de titularidad municipal, sino que son propiedad de los comuneros, como así lo acredita una sentencia firme del TSXG de 2009.

Según han señalado desde la Comunidad de Montes, hace 17 años el alto tribunal gallego dictó sentencia favorable a la entidad, determinando que esos terrenos forman parte del Monte Vecinal de Teis. Sin embargo, aunque los terrenos son de los comuneros, no así las instalaciones construidas allí y, dado que la entidad no podía resarcir económicamente al Ayuntamiento por el valor de esas instalaciones, el Ayuntamiento continuó ocupando los terrenos pero con una limitación: podría hacer obras de mantenimiento y reposición de las edificaciones existentes, pero no hacer obra nueva.

A partir de ese momento, se intentó llegar a un acuerdo para regularizar esa situación y, de hecho, el propio Ayuntamiento trasladó su interés en solucionar ese problema, ya que al no tener la titularidad de los terrenos se encontraba con obstáculos a la hora de optar a subvenciones o para llevar a cabo el anunciado proyecto para transformar el parque zoológico en un espacio de divulgación ambiental y ocio.

En 2023 se produjo una reunión entra las partes en la que se acordó que la Comunidad de Montes presentaría una propuesta para trata de llegar a un acuerdo pero, pese a la presentación de dicha propuesta, no hubo respuesta por parte del Ayuntamiento.

Así las cosas, y a pesar de que la administración estaba ocupando los terrenos en situación precaria, sin disponibilidad jurídica de los mismos y sin poder garantizar la amortización de las obras que llevaba a cabo, siguió haciendo inversiones y actuaciones nuevas en el parque.

La Comunidad de Montes ha detallado en su denuncia numerosos expedientes de obra, que el propio Ayuntamiento reconoce como actuaciones e inversiones nuevas (no meros trabajos de mantenimiento). Así, apunta que desde 2009 hasta la actualidad, se han realizado obras por valor de más de 1,7 millones de euros, y llama la atención que muchas de ellas se adjudicaron mediante contratos menores para «eludir los procedimientos de la contratación pública» (prevaricación administrativa).

Por otra parte, advierte de que el Ayuntamiento también pudo incurrir en malversación de dinero público, ya que ejecutó actuaciones sin poder garantizar el plazo de amortización de las inversiones porque, lo que tiene sobre los terrenos, es un derecho de retención y no un título de propiedad o una concesión. De hecho, la Comunidad de Montes podría hacer efectivo el valor de las instalaciones y el Ayuntamiento perdería lo invertido en esas obras nuevas.

La Comunidad de Montes considera que la suya es una situación de «absoluto desamparo» porque el Ayuntamiento está actuando «sin atender a lo establecido por una sentencia firme». «Los hechos aquí expuestos son de especial de gravedad, al tratarse de un posible incumplimiento mantenido en el tiempo de una sentencia firme», han alertado, y han recordado que se trata de una administración pública, que debería «ser la primera» en garantizar ese cumplimiento.