El biólogo del servicio de conservación de la naturaleza que realizó el informe contrario al dragado de la ría de Ferrol, que no fue incluido en la Declaración de Impacto Ambiental de esta intervención, ha asegurado que sufrió «presiones» para tratar de cambiar el sentido de su dictamen: «Me dijeron que había muchos intereses», ha explicado.

Así lo ha dicho durante su declaración como testigo en el juicio que ha arrancado este jueves en la Audiencia Provincial de A Coruña contra dos exaltos cargos de la Consellería de Medio Ambiente en 2011, entonces dirigida por Agustín Hernández, acusados de falsificar documentos para justificar la omisión de este informe negativo a la obra de dragado de la Ría de Ferrol, que, entre otras cosas, facilitaba la entrada y salida de buques gaseros.

Los acusados son el entonces jefe de Servicio de Conservación da Natureza de A Coruña, Carlos Muñoz, y el exsubdirector xeral de Espacios Naturais e Biodiversidade, Rogelio Fernández Díaz, a los que se les atribuye la confección de una ‘nota interior’ en la que se dejaba constancia de que el informe contrario a la Declaración se había tratado en una reunión y se habían pedido aclaraciones, que nunca se recibieron.

De este modo, el departamento, responsable de la vigilancia de espacios Red Natura 2000, no llegó a emitir el informe que debía acompañar la Declaración de Impacto Ambiental de la obra, que finalmente fue ejecutada así dado que no era «vinculante».

Sin embargo, y tras una denuncia de la asociación ecologista Adega, la Fiscalía requirió hasta en dos ocasiones documentación a estos departamentos sobre el expediente. Fue en ese momento, según han contado ante el juez los acusados, cuando se tomó la decisión de incluir en el expediente una ‘nota interior’ que hacía referencia a este informe.

La Fiscalía y la acusación popular consideran que este documento, «inexistente en el original» del expediente, fue construido a propósito para justificar esta omisión y que se falseó su fecha y un acuse de recibo para «reforzar la apariencia de autenticidad».

«HABÍA QUE DARLE UNA VUELTA»

En la primera sesión de este juicio ha declarado el técnico que realizó este informe negativo a la Declaración de Impacto Ambiental, que se ha ratificado en sus consideraciones alegando que, según su criterio, la declaración y el informe existentes no cumplían con los requisitos para que la intervención fuese aceptada y existía «riesgo» para el medio ambiente.

A los pocos días de entregar su informe, ha narrado, su jefe de servicio, Carlos Muñoz, lo «llamó al despacho» para comentarle que «habían devuelto el informe de Santiago» y que «había que darle una vuelta».

En concreto, Muñoz le hizo referencia a que existía otro informe de la estación biológica de A Graña que avalaba la intervención en la ría y que el técnico ha asegurado que ya había tenido en cuenta, pero que «no se ajustaba» a los parámetros exigidos.

«Me dijo que en la zona de Ferrol había muchos intereses y que no iba a ser él el que frenase el desarrollo de la ría de Ferrol», ha dicho el biólogo. Posteriormente, y ante su negativa a rehacer el documento, ha contado que mantuvo una segunda reunión con Carlos Muñoz y una compañera bióloga, a los que el jefe de servicio reclamó que, en conjunto o por separado, «modificasen» ese informe.

«La idea era cambiar las conclusiones», ha dicho el responsable del informe, que ha afirmado que sufrió «represalias» por su negativa. «Había sido trasladado al Parque de O Eume para unos meses y al final me quedé allí tres años, teniendo que ir y volver todos los días», ha narrado, añadiendo que también tuvo problemas en la concesión de vacaciones, algo por lo que llegó a recurrir a los responsables de personal.

INTERVENCIÓN DE OTRA TÉCNICO

En la primera sesión de este juicio también ha declarado otra bióloga del mismo servicio de Conservación da Natureza, que ha confirmado que, junto a su compañero, recibió las instrucciones por parte de su jefe inmediato para que modificase las conclusiones del informe y que «fuese favorable».

«Se nos llamó al despacho y se nos planteó que el informe no había gustado en Santiago», ha contado la experta, que, tras analizar el documento, trasladó a Carlos Muñoz que «no tenía nada que objetar» y que, si lo rehacía, sería «en los mismos términos». «La declaración de impacto ambiental tenía graves carencias en sus contenidos», ha zanjado.

Un año después, cuando ya se había emitido la declaración de impacto ambiental, mantuvo de nuevo una reunión con Carlos Muñoz y con un responsable de la Autoridad Portuaria de Ferrol, dado que era necesario una firma de un técnico para autorizar el proyecto. «Ellos me dicen que tienen muchísima prisa y que tienen que dragar ese otoño», ha explicado, la bióloga, que, sin embargo, se opuso a avalarlo con su firma por las «carencias» detectadas.

Finalmente, ha contado, el propio Carlos Muñoz fue el que decidió firmar para avalar el proyecto. La situación desembocó, en el mes de noviembre, en un nuevo requerimiento para que la bióloga firmase la autorización, dado que «exigían el aval de un técnico» y le propusieron ‘simular’ esta aceptación fechando el documento en septiembre. «La ría ya estaba dragada y le manifesté que no lo iba a hacer», ha zanjado.

LA NOTA PRETENDÍA ACLARAR LOS HECHOS

Durante su declaración judicial, ambos acusados han reconocido que se incorporó a posteriori una nota aclaratoria al expediente para dejar constancia de las conversaciones «verbales» que se habían desarrollado en relación al informe desfavorable y con la única intención de «dejar constancia», sin que apreciasen que esto podía ser irregular.

El entonces subdirector xeral de Espacios Naturais e Biodiversidade, Rogelio Fernández Díaz, ha explicado que, tras tener constancia de las «discrepancias» del informe del técnico de Conservación da Natureza (de julio de 2010) y otro de la estación biológica de A Graña, se mantuvo una reunión en la que se acordó solicitar «más información» al respecto, así como saber si se habían tenido en cuenta los anexos aportados.

Esta reunión y la petición al departamento para que se aclarasen estos extremos, ha admitido, «no se documentó» y se hizo «telefónicamente», ya que querían «resolver internamente esta discrepancia».

Fernández Díaz, que ha asegurado que nunca trató de convencer al técnico de que cambiase el informe, ha admitido que, finalmente, esta discrepancia no se resolvió y la Declaración de Impacto Ambiental fue emitida sin el informe, que no era vinculante.

Después de que la Fiscalía pidiese una primera información sobre el expediente, ha indicado, se percató de que este informe nunca se había aclarado y, en una nueva reunión, acordaron incorporar una ‘nota interna’ dejando constancia del encuentro. «Estábamos en nuestro derecho y obligación de contar la realidad de lo que había ocurrido», ha explicado el acusado. La nota, con una fecha posterior, fue incluida, sin embargo, «en el momento en el que había tenido lugar la reunión sobre el informe», algo que han atribuido a «un error».

Tanto Fernández Díaz como Carlos Muñoz han asegurado que «era bastante frecuente completar expedientes» y han destacado que lo que recoge este documento es «un relato fidedigno de lo que ocurrió» con la intención de «acreditar» los hechos.