La Mesa para el Desarrollo Renovable e Industrial de Galicia ha acordado solicitar de urgencia reuniones con el presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, y con el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, así como con los portavoces de Industria de los grupos parlamentarios, para valorar posibles actuaciones que permitan «avanzar en el desarrollo de las energías renovables» tras las decisiones judiciales que, asegura, «suponen la paralización completa de todo el proyecto renovable en Galicia».

En una nota de prensa, la Mesa — conformada por la Asociación Eólica de Galicia, la Asociación Gallega del Hidrógeno, la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia, la Cámara Oficial Mineira de Galicia, el Clúster de Enerxías Renovables de Galicia, CC.OO., la CEG, la Federación Gallega de la Construcción y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Galicia — critica que actualmente «cualquier proyecto industrial choca con una coyuntura de incerteza, inseguridad jurídica e indefensión» debido a la «judicialización masiva» de proyectos que cuentan con la declaración de impacto ambiental (DIA) y que, «aún así», están siendo recurridas de manera «absolutamente aleatoria» por plataformas que «se niegan a cualquier implantación en Galicia».

Prueba de esto, argumenta, es que «se están recurriendo todos los planes que han obtenido DIA favorable»: «Es difícilmente defendible que todos los proyectos incumplen la normativa ambiental o sus estudios están mal hechos».

En este contexto, la Mesa considera «grave» que no se tengan en cuenta «los informes del funcionariado de las distintas administraciones en los procedimientos judiciales», cuando, añade, «sí se toman en consideración informes particulares de las asociaciones carentes de todo rigor».

La organización detalla en esta nota de prensa que el TSXG paralizó hasta el momento unos 20 parques eólicos, y la decisión de elevar una consulta perjudicial al Tribunal Europeo, «a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo que ha avalado la forma en la que se otorgaron proyectos recurridos» y, por lo tanto, añade, «anulando las sucesivas suspensiones cautelares a más de 200MW, pone al sector en jaque durante un mínimo de dos años, con todo lo que eso conlleva, un impacto de gran relevancia».

Según la Mesa, hay unos 70 proyectos eólicos afectados por «la judicialización». «Hablamos de unos 4.200 millones de euros y más de 4.000 empleos, además de toda la dinamización del entorno en un hábitat especialmente rural», expone.