El ‘Informe de fiscalización ‘exprés’ de las medidas adoptadas por las entidades locales de Galicia para abordar la crisis humanitaria provocada por la invasión de Ucrania’, realizado por el Consello de Contas, concluye que en los municipios gallegos «no existió coordinación de los recursos disponibles», excepto en el de A Coruña, «que dispone de una Oficina propia y de un programa completo de atención inicial, ante la llegada de ucranianos tras la invasión rusa hace dos años.

En concreto, el texto subraya que el Ayuntamiento de A Coruña asumió la creación de una Oficina específica de atención a las personas que huyen del conflicto, la oficina municipal de apoyo al pueblo ucraniano (OMAPU)12, y además del personal imputado al programa, aglutina en su web todos los recursos disponibles para las personas refugiadas.

Además, el documento recoge que la coordinación de los ayuntamientos «solo podría inferirse de su participación en la convocatoria de ayudas con la necesaria adaptación a los requisitos de concesión y justificación fijados por la Dirección Xeral de Inclusión Social».

«Los programas municipales fueron el resultado de coordinar a nivel municipal las iniciativas particulares o privadas que se produjeron en los primeros meses en el marco de la atención sociosanitaria de emergencia», expone el informe.

Asimismo, el análisis realizado por el Consello de Contas se centra en los recursos disponibles para las actuaciones en este sentido en la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y en las Diputaciones por haber sido «las entidades en las que pivotó desde el primer momento el plan estatal de acogida».

En cuanto al papel de las entidades supramunicipales, el informe destaca que «no existió de manera permanente una coordinación de los niveles de gobierno más allá de una inicial coordinación» a través del Comité Técnico de Galicia (Cotega), «creado ‘ad hoc'», aunque sí apunta que existía un procedimiento formal fijado normativamente para la acogida de personas refugiadas.

Por su parte, la aportación de la Fegamp «se redujo a una coordinación inicial en el marco del Cotega que no resulta acreditado que se prolongara con posterioridad a mayo de 2022».

También en el caso de las diputaciones provinciales, el informe de Contas señala que participaron «de manera desigual» en la ejecución del Programa. En este sentido, que haya un Centro de Emergencia en A Coruña «repercutió en la existencia de un programa más relevante», tanto en de la institución provincial como del propio Ayuntamiento.

Del papel de las otras tres diputaciones, el documento indica que es «poco relevante en importancia cuantitativa», por lo que su repercusión «puede considerarse mínima».

RECOMENDACIONES

Tras estas conclusiones, el informe de fiscalización del Consello de Contas plantea una serie de recomendaciones tanto a los municipios como a la Fegamp o a las diputaciones.

En concreto, a los ayuntamientos les recomienda participar activamente en la coordinación del Programa de acogida de personas refugiadas, «asumiendo las medidas y protocolos propuestos e implementando el análisis de los datos y la ejecución de medidas homogéneas en el escenario a medio plazo con costes estándares para garantizar una planificación racional de los recursos y poder proponer mejoras o adaptaciones eficientes».

En el caso de la Fegamp y el Cotega, también propone asumir el análisis de los datos y la propuesta coordinada de las medidas en el escenario a medio plazo para garantizar una planificación racional de los recursos y poder proponer mejoras o adaptaciones eficientes.

Para las diputaciones, la recomendación pasa por reforzar su papel e implicación en las reuniones de coordinación, «trasladando a los ayuntamientos de su provincia los protocolos y recursos disponibles para una mejor gestión».

ENTIDADES PRIVADAS

Por otra parte, según se puede recoger en el informe, se verificó que las medidas que surgieron de las propuestas o acciones de entidades privadas o particulares «adolecen en muchos supuestos, año y medio después, de la formalización y tramitación administrativa de los instrumentos jurídicos precisos».

Esto, continúa el texto, «puede provocar situaciones de poca seguridad jurídica, o la prolongación en el tiempo de situaciones de interinidad o alegalidad solo asumible en los primeros momentos de la emergencia».

Por ello, el Consello de Contas recomienda a las entidades que las medidas en las que se incluya la participación de entidades privadas o particulares deben estar previstas inicialmente mediante protocolos o convenios para la gestión/colaboración en situaciones de emergencia humanitaria.

De no estar previstas con carácter general, deben «formalizarse» lo antes posible, «evitando situaciones carentes de instrumento jurídico habilitante para colaborar con las administraciones públicas».

EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS

Asimismo, el informe sostiene que la ejecución de medidas resultó, «excepto en los supuestos de las entidades locales de mayor población, poco formal y homogénea más allá de las primeras fechas».

En esta línea, manifiesta que el empleo de contratos menores y la concesión de ayudas muy reducidas en el tiempo fue la práctica habitual durante el período analizado. Además, la licitación de emergencia no fue acotada en el tiempo y objeto de acuerdo con la normativa vigente y continúan vigentes actuaciones que deberían haberse actualizado y normalizado por un procedimiento de provisión ordinaria.

En cuanto a los costes en las actuaciones realizadas, Contas concluye que «resultan dispares», no tanto por las diferentes actuaciones acometidas por las distintas entidades locales, «sino incluso en actuaciones análogas».

Tampoco se acreditó/detectó en los expedientes y actuaciones analizadas en el informe la comprobación de la posible concurrencia de ayudas para evitar la doble financiación, tanto en las entidades que gestionan o colaboran en los programas como en las personas beneficiarias de las actuaciones.