La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado en parte el recurso interpuesto por la concesionaria del transporte urbano de Vigo, Vitrasa, contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo de enero de 2023 relativa a la revisión de las tarifas de los ejercicios 2021 y 2022 del contrato de transporte urbano colectivo de viajeros.

Esta primera sentencia, a su vez, estimaba también en parte el recurso interpuesto al acuerdo de la junta de gobierno local del Ayuntamiento de abril de 2022, que revisaba las tarifas.

Los magistrados del TSXG han revocado la resolución de primera instancia en lo que concierne a la negativa de revisar la tarifa del año 2021, por lo que ha condenado a la entidad local a calcular esa tarifa «con arreglo a la fórmula prevista» en el contrato vigente, con datos del periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020 para todos los factores ahí previstos, como el combustible, «a excepción del número de viajeros, para el que se tendrá en cuenta el que va desde el 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019 (debido a la caída de los usuarios en la pandemia)».

A partir de ahí, el Ayuntamiento tendrá que pagar la suma resultante de ese cálculo, con sus debidos intereses, debido al tiempo transcurrido.

La Sala explica que la ausencia de la revisión del año 2021 tuvo su justificación en el hecho extraordinario producido durante de la pandemia de la Covid-19, «lo que alteró de forma sustancial la fórmula, metodología y resultados para hacer el cálculo del número de viajeros, de cuyas resultas se dispuso que, para el año 2021, seguirían vigentes las tarifas del año 2019».

Además, los magistrados del alto tribunal gallego indican que el juez de instancia acogió la pretensión de que se incrementara la tarifa del año 2022 por encima de la calculada en aquel acuerdo municipal, pero negó que procediera la revisión de la del año anterior.

Sin embargo, el TSXG no comparte ese criterio, pues asegura que «la no disponibilidad de un factor directamente asociado a la incidencia negativa que produjo la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, como lo era el número de viajeros, no impedía tener en cuenta el resto de los factores a que se refería la cláusula 62 del pliego rector que eran por completo ajenos a esa pandemia, como era el caso de la mano de obra, el combustible, los materiales e instalaciones o el índice de precios al consumo».

De acuerdo con ello, la Sala comparte «que para determinar el número de viajeros se acudiera a los datos del año anterior (se entiende desde el 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019)», pero no comparte «que no se consideraran el resto de los factores a que esa cláusula se refería». Por ello, ha estimado en parte el recurso de Vitrasa y ha condenado al Ayuntamiento a revisar la tarifa.

La sentencia no es firme, pues cabe interponer recurso de casación contra la misma.

CRÍTICAS POLÍTICAS

Tras la publicación de esta sentencia no han tardado en llegar críticas políticas por parte del PP de Vigo. En concreto, el concejal Miguel Martín ha lamentado que el gobierno de Abel Caballero está «perdido» tras más de tres años de conflicto en Vitrasa y quienes sufren las consecuencias son, según él, los trabajadores y los ciudadanos, que día reciben «un peor servicio».

Así, en un audio difundido a los medios de comunicación, ha pedido al alcalde que aclare si va a recurrir la sentencia y cómo va a afectar la misma al supuesto reequilibro económico que prepara el Ayuntamiento para Vitrasa, que anunció Caballero en noviembre «y del que nada se sabe», poniendo el foco en la «opacidad» del gobierno local, pese a las peticiones de información que llegaron incluso de la Valedora do Pobo.