El juzgado de instrucción 2 de Tui (Pontevedra) ha recibido ya el informe pericial elaborado por la Policía Nacional en relación al teléfono móvil de la joven Déborah Fernández Cervera, cuyo cadáver apareció en un cuneta rodeado de pistas falsas en mayo de 2002, y confirma lo que ya se esperaba, que es imposible obtener información sobre contactos, llamados o mensajes de ese terminal.

El teléfono de la chica estuvo desaparecido durante casi 20 años y, de forma casual, fue localizado en septiembre de 2022 durante la realización de unas obras en instalaciones policiales de Madrid. El móvil apareció entonces, eso sí, sin tarjeta SIM.

Ya los peritos de la empresa Lazarus Tecnologies advirtieron en su momento de las dificultades de obtener alguna información válida sin esa tarjeta, teniendo en cuenta las características del teléfono.

Ese extremo ha sido corroborado por los peritos policiales en un informe, firmado en septiembre de 2023, pero que no fue remitido al juzgado de instrucción hasta hace un par de semanas. Este hecho ha llevado a la familia de Déborah ha mostrar su «indignación», y también por el hecho de que el informe policial conste de «solo nueve líneas, y sin dar explicaciones de las actuaciones llevadas a cabo».

Además, han recordado los letrados de la familia, esas comprobaciones por parte de la Policía se realizaron sin permitir la presencia de los peritos de las partes.

TOMA DE MUESTRA DE ADN

Por otra parte, el juzgado ha confirmado que se procederá a toma de nuevas muestras de ADN del único investigado en esta causa, el exnovio de la chica aunque, ha explicado la familia, de nuevo el trámite se realizará sin permitir la presencia de sus letrados.

Esta prueba fue pedida en su día por la familia, ya que la obtención de ADN realizada en 2002 «era de todo punto irregular, pues no había dato fehaciente alguno de que fuera a él» a quien se le había tomado la muestra. Además, en 2010 se tomó otra muestra que, «o bien no se remitió al Instituto Nacional de Toxicología, o bien el resultado no se unió a las actuaciones, pues no consta».

La familia, en cualquier caso, pidió renunciar a esa diligencia (algo a lo que no accedió el juzgado), pues sostiene que no habrá coincidencia con el ADN encontrado en el semen que Déborah tenía en su cuerpo, colocado ‘post mortem’ y en el pañuelo hallado junto al cadáver. «A nuestro juicio, se puso ese semen para despistar, como prueba de descargo», han incidido los abogados.

En los últimos días, el juzgado acordó prorrogar la instrucción otros 6 meses, precisamente para que se llevasen a cabo estas diligencias pendientes, aunque la familia reiteró su petición de que se archive la causa, tras décadas de «maltrato» del sistema de justicia.