El manifiesto impulsado en julio de 2022 por las consejerías de sanidad de Galicia y Euskadi, para reclamar al Ministerio de Sanidad «medidas de choque urgentes» ante la falta de médicos en Atención Primaria, reúne ya el apoyo de otras 11 comunidades.

De esta forma, son ya 13 de 17 las autonomías que apoyan esta reivindicación. En un primer momento, hace casi dos años, aparte la Xunta y el Gobierno vasco se habían sumado Cataluña, Murcia, Andalucía, Madrid, y Castilla y León.

Ahora se han sumado los ejecutivos de Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja, Baleares y Cantabria. Todas ellas cambiaron de color político en las autonómicas celebradas en mayo de 2023 y tienen presidentes del PP.

Ha sido en las últimas semanas, entre los meses de diciembre y enero, cuando sus respectivas consejerías han confirmado su adhesión al texto que en su momento firmaron el conselleiro de Sanidade gallego, Julio García Comesaña, y su homóloga vasca, Gotzone Sagardui, para enviárselo a la entonces ministra Carolina Darias.

Por lo tanto, tan solo faltan por sumarse al manifiesto Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha, gobernadas por el PSOE; y Canarias, cuyo Ejecutivo lo conforman Coalición Canaria –es el partido encargado de la Consejería de Sanidad– y el PP.

MEDIDAS DEL TEXTO

El documento aborda media docena de medidas «competencia del Ministerio de Sanidad» y surgió después de que en junio de 2022 se celebrase una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en la que, «nuevamente, ningún punto del orden del día abordaba el gran problema que afronta la sanidad pública en estos momentos: el grave déficit de médicos especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria que padece nuestra Atención Primaria».

«Es por eso que, desde la máxima lealtad y con el objetivo de construir juntos soluciones para el Estado español, queremos trasladar una propuesta de medidas urgentes competencia del Ministerio que, de tomarse, podrían contribuir a empezar a resolver la situación que atraviesa nuestra Atención Primaria», exponen en el documento.

En primer lugar, apuestan por «garantizar que el sistema de elección de plazas MIR no deje plazas desiertas». «Ante las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos es necesario arbitrar soluciones excepcionales que faciliten que se cubran todas las plazas ofertadas», han señalado.

En caso de no volver a un sistema presencial, indican, «el proceso telemático debe realizarse con la máxima transparencia, garantizando el conocimiento en tiempo real de las plazas disponibles en cada momento por parte de los aspirantes». «Este cambio debería ser efectivo para la próxima convocatoria MIR», abundaban.

Además, consideran que «se debiera facilitar que la Orden que regula la FSE permitiera que no quedaran sin cubrir tampoco aquellas plazas que, siendo adjudicadas, finalmente sus adjudicatarioss no tomen posesión de las mismas, renunciando antes de la firma del contrato».

En segundo lugar, defienden estas comunidades que no se debe «seguir dando validez a un sistema formativo que genera un desplazamiento creciente a otros escenarios asistenciales que aún no han sido resueltos». «Esto genera un empeoramiento de déficit crónico de especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria que agranda la problemática que suponen las jubilaciones en este ámbito. Nos referimos en este punto a la necesidad de que se cree en España la Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias», exponen.

Por ello, consideran que se debe «proceder cuanto antes a la creación con tramitación preferente de esta nueva especialidad», tal y como se ha hecho «hace pocos meses» con la de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, «a poder ser antes de que se realice el próximo examen MIR».

AMPLIACIÓN DE PLAZAS

En tercer lugar, creen necesario una ampliación, «por vía de urgencia», del número de plazas de formación médica especializada en Medicina de Familia y Comunitaria para poder «afrontar el relevo generacional y las perspectivas de déficit sobre las que alerta el propio informe del Ministerio».

«Pero para poder llevarlo a cabo, necesitamos un sistema de acreditación de unidades docentes más flexible y más ágil», aseguran. Así, consideran «necesaria» también la aprobación, antes de la siguiente convocatoria MIR, de la revisión de la normativa de requisitos de acreditación de unidades docentes en la especialidad de Medicina de Familia que, entre otras medidas, debería mantener abierta la convocatoria para la acreditación esté abierta permanentemente.

En cuarto lugar, una vez ese sistema de acreditación y el programa formativo de la especialidad «estén reformados y permitan acreditar un mayor número de plazas», consideran «necesario hacerlo a través de una convocatoria de plazas MIR extraordinarias en la especialidad de medicinafamiliar y comunitaria».

«El Gobierno de España y los gobiernos autonómicos debemos acordar un plan extraordinario de formación para acometer un importante incremento de las plazas formativas de esta especialidad en las convocatorias MIR de los próximos años que corrija la situación de déficit a la que nos llevan las previsiones de jubilación», solicitan.

Al respecto, estiman «la necesidad de ampliación urgente de un orden de 1.000 plazas formativas anuales de medicina familiar y comunitaria en toda España». «Es obligado desarrollar los instrumentos que permitan que el Sistema Nacional de Salud planifique en el futuro con más rigor su oferta formativa», sostienen.

En sentido, apuntan que dado que el sistema MIR «es un instrumento de cobertura estatal en el que se forman especialistas en las distintas CCAA para todo el sistema nacional de salud», resulta «fundamental la creación definitiva de un Registro Estatal de Profesionales Sanitarios que pueda orientar las necesidades de formación de especialistas para prevenir la aparición de déficits de profesionales de determinadas especialidades».

En el sexto y último punto indican que deben «fomentar e implementar», a través del Plan de Acción Estatal, «todas las medidas posibles que faciliten» el desarrollo competencial del médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, «dotándole de tiempo y espacio para recobrar su rol como eje vertebrador de la mejor atención integral de los ciudadanos».

«MÁXIMA DILIGENCIA»

«Creemos que estas propuestas pueden servir como base para un gran acuerdo nacional de medidas de choque para afrontar un problema que está afectando en estos momentos a profesionales y pacientes de todo el Estado español», sentencian para concluir que «el futuro del Sistema Nacional de Salud no se puede permitir» que no actúen «con la máxima diligencia en un asunto de tan capital importancia».

«No hay ahora mismo en la sanidad española un problema más urgente ni una necesidad más acuciante. Por ello, debemos adoptar un compromiso conjunto para sacar adelante con el máximo consenso las medidas de competencia estatal que tienen la llave para solucionar esta situación», concluyen.