El Gobierno de Cantabria constituyó ayer el Centro de Coordinación Operativa (CECOP), integrado por diferentes organismos y administraciones que se reunirán este miércoles para analizar las necesidades de medios y las líneas de actuación para frenar la llegada de pellets a las costas de la comunidad.

Mientras se definen esas líneas de acción, la empresa pública Tragsa ha enviado a 25 trabajadores a rastrear las playas para comprobar si crece la llegada de microplásticos y si se extienden a otras playas además de las nueve conocidos hasta el momento.

El CECOP se reunirá a las 13.00 horas después de que el Ejecutivo regional confirmara ayer la llegada de los primeros pellets a estos arenales y elevara a nivel 2 su Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (Platercant), con el objetivo de «forzar» al Gobierno central a que active sus planes de respuesta ante la contaminación marítima, especialmente el Plan Ribera, para evitar que continúen expandiéndose estos microplásticos.

Una medida que se ha tomado «ante la falta de acción» del Gobierno de España, al que Cantabria acusa de «no haber hecho nada» en todo un mes para evitar que las bolsas de plásticos que cayeron al mar en aguas portuguesas el 8 de diciembre terminaran llegando a la comunidad, como ocurrió finalmente este martes –el primer aviso se recibió a las 11.07 horas, desde la playa de Sonabia (Liendo)–.

«El Gobierno de España debió haber trabajado en el mes de diciembre y hoy no estaríamos hablando de lo que estamos hablando», han sentenciado los consejeros de Presidencia y de Medio Ambiente, Isabel Urrutia y Roberto Media, respectivamente, que han dado esta mañana una rueda de prensa para informar de las medidas tomadas tras una reunión de coordinación mantenida con la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, y con el consejero de Pesca, Pablo Palencia.

Como han señalado, por ahora los pellets han llegado en cantidades «muy pequeñas» –«caben en una mano», ha dicho Media–, pero se prevé que se extiendan por todas las playas cántabras si no se actúa en alta mar, donde la competencia es del Estado.

Mientras, dentro de las competencias autonómicas Cantabria ha encargado al Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) un análisis sobre la toxicidad de estos residuos, y ha contratado a los 25 empleados de Tragsa aunque «se irán incorporando progresivamente todos los que sean necesarios para que la recogida sea rápida, eficaz» y que las playas vuelvan a su estado anterior.