El Ayuntamiento de Santiago atendió un total de 192 consultas de personas inquilinas y propietarias en los tres primeros meses de funcionamiento de su nuevo servicio de asesoramiento en materia de alquiler, que el departamento de Urbanismo puso en marcha en junio con la colaboración de Provivienda.
Del total de consultas, 106 procedieron de inquilinos y las otras 86, de propietarios. «Podemos decir tras el tiempo transcurrido que el servicio está funcionando muy bien, tanto por el volumen de consultas atendidas como por los comentarios muy positivos que recibimos por parte de los usuarios», ha valorado el concejal responsable, Iago Lestegás.
El servicio se implantó teniendo en consideración la declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado –en vigor desde el 30 de julio–, lo que ha centrado algunas de las cuestiones formuladas debido a las normas que introduce su aplicación. Entre ellas, la obligación de que los nuevos contratos mantengan el precio del anterior.
Por parte de los propietarios, las consultas más frecuentes tienen relación con cuánto pueden cobrar como máximo o cómo tienen que redactar los contratos, según ha resumido la abogada Cristina Serantes. En el caso de inquilinos, las dudas más habituales giran alrededor de las prórrogas, su situación contractual o cláusulas abusivas.
Las consultas de estos meses procedieron a través de las tres vías disponibles: 92 personas lo hicieron por teléfono, 62 optaron por el correo electrónico y 40 acudieron presencialmente. Estas últimas consultas suelen ser los casos «más delicados», según el Ayuntamiento, ya que en esta modalidad se han tratado casos donde aparecían fenómenos como la vulnerabilidad social, el riesgo de desahucio o cláusulas abusivas.
DERECHOS DE SUPERFICIE SOBRE PARCELAS MUNICIPALES
Al mismo tiempo, Lestegás ha avanzado que se están elaborando los informes técnicos para la constitución de derechos de superficie sobre dos parcelas municipales, una formula que permitirá que el respectivo adjudicatorio construya vivienda protegida en ellas y las utilice durante el tiempo establecido. Además, se estudia la introducción de «criterios de preferencia y valoración» que favorezcan la adjudicación a entidades del tercero sector.
Una de ellas es la parcela PR-4 del SUNP-4 (Avenida do Camiño Francés), de 1.292 metros cuadrados y concebida para 18 viviendas protegidas en la calle de Vicente Risco, encima del parque de As Cancelas. La otra, la parcela M2 del SUP-7 (Pontepedriña II), de 911 m2 y para 43 viviendas protegidas con uso comercial en planta baja en la calle de José Antonio Souto Paz.
Esta fórmula de movilización de suelo municipal está recogida en el plan de medidas correctoras vinculado a la declaración de zona tensionada. Una vez acabado el plazo, que suele ser de 75 años, la propiedad volverá a ser al Ayuntamiento.
